El presidente de Chile, José Antonio Kast, valoró públicamente la reducción en las cifras de homicidios registrada durante los primeros seis meses del año. La declaración coincide con las negociaciones que el Ejecutivo adelanta en el Senado para destrabar el trámite de la reforma constitucional de seguridad destinada a combatir el crimen organizado. «Hechos, no palabras. La gestión efectiva está dando resultados, pero necesitamos más herramientas», manifestó el mandatario a través de sus redes sociales.
Según el último Informe Nacional de Víctimas de Homicidios Consumados, elaborado por el Ministerio de Seguridad, la Fiscalía y las policías, entre enero y junio de 2026 se registraron 472 víctimas, lo que representa 41 casos menos que en el mismo periodo del año anterior. La tasa actual se ubicó en 2,3 víctimas por cada 100 mil habitantes, alcanzando el número más bajo desde 2022.
El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, subrayó que este es el cuarto informe consecutivo con tendencia a la baja, retornando a los niveles registrados antes de la pandemia.
Controversia y ajustes en la reforma constitucional
A pesar de los balances positivos en la gestión, la propuesta de reforma presentada a mediados de agosto enfrenta fuertes objeciones transversales en el Congreso y por parte de organizaciones de derechos humanos. El texto faculta al Presidente para decretar estados de excepción por hasta ocho meses sin aval previo del Parlamento, permitiendo la intervención de comunicaciones y restricciones a los derechos de reunión, asociación y libre circulación. Asimismo, habilita al Ejecutivo a catalogar agrupaciones como organizaciones terroristas con el respaldo del Consejo de Seguridad Nacional o la Fiscalía y una votación secreta en el Senado.
Ante la falta de respaldos, el Gobierno rebajó la urgencia de la propuesta a un plazo de 30 días para buscar acuerdos en la Comisión de Constitución. No obstante, el presidente Kast aclaró que la creación del nuevo estado de excepción «no es renunciable», aunque se mantiene abierto a modificaciones durante la discusión parlamentaria.
Avanza el paquete legislativo contra el crimen organizado
La reforma forma parte de un conjunto de ocho modificaciones constitucionales y 19 iniciativas legales agrupadas en la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT). En este contexto, la Cámara de Diputados aprobó este miércoles de forma unánime, con 125 votos a favor, un proyecto de ley que extiende el plazo para las hipótesis de flagrancia en delitos, reforzando la respuesta institucional ante la penetración de bandas transnacionales en el país.
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