El presidente de Chile, José Antonio Kast, descartó este lunes que la propuesta de reforma constitucional impulsada por el Ejecutivo para combatir al crimen organizado posea un carácter «iliberal». Ante los reparos expresados por parlamentarios tanto de la oposición como de la coalición de Gobierno referente a la concentración de facultades en la figura del jefe de Estado, el mandatario afirmó que el texto es susceptible de modificaciones durante su tramitación en el Congreso.
Las declaraciones se producen tras las observaciones del senador Luciano Cruz-Coke, presidente del partido oficialista Evópoli, quien advirtió sobre el rechazo que suscita el proyecto al considerar que roza los límites de lo permitido en las democracias liberales. En respuesta, Kast sostuvo en una entrevista radial que el Poder Legislativo cuenta con la potestad de ajustar la norma y argumentó que la disposición de su administración a someter el texto al escrutinio público y legislativo demuestra su apego a las instituciones democráticas.
Alcance de las medidas de excepción y garantías constitucionales
El proyecto de reforma constitucional en materia de seguridad, enviado al Congreso a mediados de agosto, contempla la creación de un nuevo estado de excepción aplicable ante amenazas graves e inminentes a la seguridad pública. Esta figura permitiría extender las medidas durante un período de hasta ocho meses sin requerir la aprobación previa del Parlamento.
Bajo la vigencia de esta disposición, el Ejecutivo contaría con la facultad de suspender o restringir el derecho a la libertad personal, el libre desplazamiento y las libertades de reunión y asociación. Asimismo, el mecanismo autorizaría la intervención y registro de documentos o comunicaciones, además de la requisición de bienes a discreción de la autoridad.
Mecanismos de control y tipificación de organizaciones delictivas
Respecto al ejercicio de estas facultades, el presidente precisó que la delimitación de los mecanismos y competencias quedará establecida mediante una ley orgánica constitucional. Igualmente, enfatizó la existencia de controles judiciales posteriores para evaluar eventuales extralimitaciones o infracciones a los derechos por parte de los funcionarios actuantes.
Adicionalmente, el paquete normativo faculta al Ejecutivo para declarar formalmente a una agrupación como organización terrorista o del crimen organizado, previo informe del Ministerio Público o del Consejo de Seguridad Nacional y tras una votación en sesión secreta del Senado. La iniciativa engloba ocho modificaciones a la Carta Fundamental dentro de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), fijando un lapso de discusión de quince días para el trámite parlamentario.
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