El ultraderechista José Antonio Kast asume este 11 de marzo la presidencia de Chile bajo el lema de «recuperar la grandeza», con énfasis en combatir el crimen organizado y la migración irregular. Su discurso, de corte trumpista, ha resonado en sus ministros, quienes piden paciencia: «No se resuelve en un día», advierte el propio Kast.
Sin embargo, el gobierno entrante hereda una reforma estructural del saliente: creación del Ministerio de Seguridad Pública, Sistema de Inteligencia del Estado, Fiscalía Supraterritorial, Servicio de Acceso a la Justicia, Centro Integrado de Coordinación Policial, Agencia de Ciberseguridad y Servicio de Reinserción Juvenil. Estas medidas, con un alza presupuestaria del 15% y 60 leyes aprobadas, han frenado dinámicas preocupantes: homicidios cayeron de 6,8 a 5,4 por 100.000 habitantes (2022-2025), junto a robos violentos de vehículos y ataques en la macrozona sur.
El programa de Kast ofrece generalidades —más policías en calles, cámaras y represión—, sin especificar recursos. La percepción de inseguridad persiste, impulsada por delitos más violentos y la penetración del crimen organizado, antes marginal en Chile.
Política migratoria bajo fuego. Kast denuncia una «invasión» de venezolanos ligados a la criminalidad, pese a que 1 millón aportan 1,03% de ingresos fiscales (0,15% del PIB), según la OIM. Con barreras laborales eliminadas, podría subir a 510 millones de dólares. Promete expulsiones y blindaje fronterizo, pero cifras muestran entradas irregulares un 54% menores que hace cuatro años. Vecinos como Perú y Bolivia resisten recibir deportados, y relaciones con Venezuela están rotas.
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