La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, aseguró que las autoridades de su país actuarán «con mucha fuerza para que los delincuentes terminen en prisión», tras sostener este sábado una reunión de trabajo con el fiscal general peruano, Tomás Gálvez, en el Palacio de Gobierno de Lima. «Quiero que los ciudadanos sepan que iremos con mucha fuerza para que los delincuentes terminen en prisión, para eso es fundamental articular entre todas las instituciones», señaló Fujimori en un comunicado difundido por la Presidencia peruana. La mandataria agregó que su Gobierno será un aliado para los integrantes del sistema de administración de justicia, con el objetivo de «ayudarlos, empoderarlos y darles los recursos que ellos necesitan».
Coordinación institucional
Durante el encuentro, Fujimori enfatizó la necesidad de acelerar las respuestas del Estado ante el crimen: «Acá lo importante es velar por la seguridad de los ciudadanos, y para eso estamos articulando mesas de diálogo para resolver, agilizar, y para que la justicia se vea, se sienta y sea más rápida», acotó. Asimismo, la jefa de Estado reiteró su «absoluto respeto» a la autonomía e independencia de los poderes del Estado y anunció que en los próximos días también se reunirá con la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello. Por su parte, Gálvez presentó un diagnóstico sobre la situación actual del Ministerio Público, subrayó la importancia de la labor conjunta con la Policía Nacional y agradeció la convocatoria para impulsar un trabajo coordinado.
Gabinete de seguridad
En la reunión participaron el primer ministro peruano, Luis Galarreta, junto a los ministros del Interior, César Astudillo; de Defensa, Rafael Belaúnde, y de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez, además de la fiscal suprema Patricia Benavides. Poco antes del encuentro, el ministro Álvarez anunció que promoverá «reformas profundas» en el Código Procesal Penal al considerar que el modelo vigente ha «fracasado». El titular de Justicia comparó el sistema peruano con el de Estados Unidos para argumentar la urgencia de agilizar las decisiones judiciales, asegurando que tras la toma de posesión del nuevo gabinete el pasado 28 de julio, se ha iniciado una etapa orientada al consenso y a la eficiencia en el servicio público.
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