Río de Janeiro.- La Amazonía brasileña concentra el 72,5 % de toda la extracción minera del país, con las reservas ambientales e indígenas como las más afectadas. La actividad que creció seis veces en 35 años se extendía en 2020 por 206.000 hectáreas, un área equivalente a más de dos veces Berlín.
De toda la actividad extractiva que se lleva a cabo en la mayor selva tropical del planeta, la minería ilegal, conocida en Brasil como «garimpo», representa el 67,6 % y es practicada principalmente en áreas de conservación ambiental, donde las extracciones aumentaron más del 300 % en la última década, según un estudio de la organización Mapbiomas divulgado este lunes.
La iniciativa, en la que participan varias ONG, universidades y empresas de tecnología, realizó un mapeo inédito con la ayuda de imágenes de satélite e inteligencia artificial, con el que analizó la evolución de la minería en Brasil entre 1985 y 2020.
Para César Guerreiro Diniz, coordinador técnico del equipo de zona costera y minería de Mapbiomas, los datos «asustan» pues el 97,3 % de toda la minería ilegal de Brasil ocurre en el que se considera el pulmón vegetal del mundo, una región que también responde por casi la mitad (49,2 %) de la actividad extractivista industrial (lícita) en el gigante suramericano.
El oro es el principal metal buscado por el garimpo, con el 86 % de las detecciones.
El garimpo es una de las principales causas de la deforestación de la Amazonía, que perdió unos 8.500 kilómetros cuadrados de selva en 2020, según datos oficiales.
El garimpo también contamina los ríos con químicos que además del daño ecológico desencadena problemas de salud para las poblaciones indígenas y fomenta la prostitución y el trabajo análogo a la esclavitud, porque su fuerza motriz es básicamente humana y de baja especialización, según explicó el experto.
Áreas de conservación en riesgo
El estudio señala que el 50 % de la minería ilegal del país se lleva a cabo en áreas de conservación. «Un 40 % dentro de las reservas ambientales y el otro 10 % en territorios indígenas», precisó Guerreiro.
En opinión del especialista, esas cifras no deberían existir, pues las áreas de conservación son territorios protegidos por la legislación brasileña, que prohíbe cualquier actividad minera en su interior.
Según Mapbiomas, el área ocupada por la minería ilegal en reservas ambientales creció 301 % entre 2010 y 2020.
El avance fue mayor en los territorios indígenas (495 %) donde las tierras de las etnias Kayapó, Munduruku y Yanomami fueron las más afectadas, todas asentadas en la región amazónica del país.
¿Por que la Amazonía?
Son varias razones. La primera, según explica Guerreiro, es que se necesitan suelos vírgenes. A eso se suma la fiebre del oro, cuyo valor comenzó a elevarse en 2010.
La Amazonía es además el territorio ideal para llevar a cabo esa actividad por la cantidad de fuentes hídricas que la bañan el oro se encuentra en las laderas de los ríos, pero también porque la densidad de su vegetación extendida en miles de kilómetros cuadrados hacen que sea «muy difícil» el control del garimpo.
Tan solo el año pasado Brasil exportó unas 110 toneladas de oro y facturó unos 4.900 millones de dólares, un valor en un 60 % superior al de 2019 y 18 veces mayor al de una década atrás, según datos de la ONG Escolhas. Unas 19 toneladas de ese total eran ilegales.
De acuerdo con esta organización, la búsqueda del metal tiene en riesgo a 6,2 millones de hectáreas de reservas indígenas y ambientales en las que se adelantan investigaciones para la explotación de oro o existen pedidos para iniciar los estudios.
La mayor expansión inicio en el 2017
Concentrada en la Amazonía brasileña, la minería ilegal ha tenido una fuerte expansión en la última década, con su «máximo récord» en solo cinco años (2017 a 2020).
Mientras la expansión de la minería lícita se dio a un ritmo de 2.200 hectáreas por año, entre 1985 y 2020, el garimpo pasó de un promedio de 1.500 hectáreas por año, entre 1985 y 2009, a 6.500 hectáreas por año a partir de 2010.
El avance de la minera ilegal en los años recientes es algo que expertos atribuyen, en buena parte, a la política del actual mandatario brasileño, Jair Bolsonaro, que desde la campaña presidencial, en 2018, ha incentivado la minería en reservas indígenas de la Amazonía.
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