Brasilia.- La llamada «máquina de propaganda», que seguidores del presidente brasileño, Jair Bolsonaro, mantienen en redes sociales y es sospechosa de propagar noticias falsas a granel, entró de lleno este miércoles en el punto de mira de la Justicia.
La Policía Federal, por orden del magistrado Alexandre de Moraes, instructor en la Corte Suprema de una investigación sobre «fake news» y amenazas a ese tribunal, registró oficinas y residencias de decenas de personas vinculadas al llamado «bolsonarismo».
Entre quienes fueron objeto de allanamientos o serán citados a declarar están influyentes empresarios, activistas de ultraderecha, parlamentarios y otras figuras políticas vinculadas a Bolsonaro, que en las últimas semanas han convocado, vía internet, manifestaciones para exigir el «cierre» del Parlamento y del Supremo.
A muchas de esas protestas, que incluso desafían y piden acabar con las medidas de aislamiento social impuestas por las autoridades locales para contener el avance del COVID-19, ha asistido el propio Bolsonaro, quien con su sola presencia alienta esos movimientos.
La investigación que dirige el juez De Moraes intenta establecer la verdadera identidad de un número indeterminado de perfiles que en las redes sociales difunden mensajes con mentiras y amenazas, muchas veces replicadas por parlamentarios y activistas del «bolsonarismo».
También se pretende determinar si existen redes de financiación de esas actividades, que el propio magistrado y hasta los plenos del Supremo y el Parlamento consideran una «amenaza» a las instituciones del país, a la democracia y al Estado de Derecho.
UN VIEJO CONOCIDO DE LA CORRUPCIÓN Y UNA «FEMINISTA ARREPENTIDA»
La lista de personas investigadas por la Policía Federal en este asunto incluye a seis parlamentarios de la base «bolsonarista», una activista que llegó a la ultraderecha tras dejar el feminismo y un político que hace décadas figura en las crónicas de la corrupción.
Sara Winter, una de las investigadas, fue fundadora del capítulo brasileño del movimiento Femen, pero luego abandonó las banderas del feminismo y los movimientos a favor del aborto para abrazar la causa «conservadora», que defiende activamente en las redes sociales.
Promueve también la liberación de la venta de armas a civiles que impulsa Bolsonaro y desde hace unas semanas dirige un pequeño grupo que acampa en el centro de Brasilia, y exige el «cierre» del Supremo y el Parlamento, así como propone una «intervención militar».
Tras la operación policial de este miércoles, Winter contestó en Twitter: «Brasil no será una dictadura. Hoy, Alexandre de Moraes comprobó que está al servicio de una dictadura judicial», escribió.
En la lista de investigados también está Roberto Jefferson, en la política desde 1970 y que fue aliado del Gobierno de Fernando Collor de Mello, quien renunció a la presidencia en 1992 por corrupción.
Jefferson estuvo luego en la base de apoyo a Luiz Inácio Lula da Silva y en 2005 denunció un escándalo de sobornos parlamentarios, en el que él mismo participaba, que tuvo al popular mandatario al borde de un juicio político.
Por ese asunto fue condenado a siete años de prisión pero, tras cumplir su pena, se vinculó al Gobierno de Michel Temer y en 2018 promovió a su hija Cristiane Brasil como ministra del Trabajo.
El nombramiento, aprobado por Temer, fue anulado por el Supremo, pues la hija del político respondía ante la Justicia por asuntos de corrupción y violaciones de las leyes laborales con empleados que trabajaban para ella.
BOLSONARO MANTIENE SILENCIO, PERO HABLAN SUS HIJOS
El presidente Bolsonaro no se manifestó inmediatamente sobre esa operación de la Policía Federal, organismo en el que fue acusado de «interferir» ilegalmente por el exministro de Justicia Sergio Moro, lo que motivó otra investigación que cursa en el Supremo.
Sí lo hicieron, sin embargo, dos de sus hijos que también están en la política: el diputado Eduardo Bolsonaro y el concejal Carlos, quien no fue blanco de la operación pero es sospechoso de propagar noticias falsas en internet, en la que es febrilmente activo.
Según el diputado, «el problema no es el Supremo, pero sí las actitudes que van frontalmente contra la Constitución, y adoptadas por uno de sus magistrados».
El concejal Carlos se pronunció a través de Twitter: «Quieren incentivar fisuras con una investigación inconstitucional, política e ideológica, con el pretexto de una palabra políticamente correcta. Usted que se ríe de eso, no entiende cuán en peligro está».
EFE
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