Bajo la sombra del ataque militar de EE. UU. que terminó con la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, Venezuela ensaya una apertura política en un escenario de claroscuros. En este nuevo tablero, la movilización ciudadana y la liberación selectiva de presos políticos conviven con una estructura represiva que, según analistas consultados por EFE, se mantiene latente.
Si bien el Gobierno interino de Delcy Rodríguez proclama un mensaje de «reconciliación y perdón» que ha permitido a dirigentes opositores salir de la clandestinidad, aún quedan secuelas del férreo control social impuesto tras las polémicas elecciones de 2024.
El muro de Miraflores: la calle bajo asedio
Un ejemplo de esta dualidad fue la marcha de sindicalistas de este jueves. Los trabajadores, que exigían un aumento del salario mínimo —pulverizado por la inflación—, vieron frustrado su intento de llegar al Palacio de Miraflores. La Policía Nacional Bolivariana bloqueó el avance con una violencia que recordó los años más duros del madurismo: agentes golpeando con cascos y escudos, y el uso indiscriminado de gas pimienta.
La prensa tampoco salió ilesa. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) denunció que diez periodistas fueron agredidos, robados o sus equipos destruidos. No es un hecho aislado: el gremio ya computa más de 80 agresiones en el primer trimestre de 2026.
Amnistías: ¿Justicia o estrategia política?
La iniciativa de amnistía, anunciada como la piedra angular de la reconciliación, tampoco ha dado los frutos esperados. Aunque ya son 8.000 los beneficiados por la ley promovida por Rodríguez, los expertos coinciden en que la anulación de causas no oculta la vigencia de un sistema judicial abiertamente afín al chavismo.
«En Venezuela permanecen tras las rejas más de 480 presos políticos», contabiliza la ONG Foro Penal, que además reportó una nueva detención durante la jornada de este jueves.
Para Martha Lía Grajales, activista del colectivo Surgentes, lo que vive el país no es una apertura del espacio democrático, «sino apenas una rendija pequeña». Grajales, quien sufrió prisión política en 2023, advierte que mientras se mantengan las estructuras legales que permiten la persecución, la represión seguirá siendo una amenaza latente.
El «perro con bozal»: la presión externa como contención
La percepción de una disminución en la intensidad de la persecución es, para muchos, un efecto secundario de la presencia estadounidense. Grajales utiliza una metáfora cruda: «Siento que es como un perro rabioso que tiene ganas de morder, pero que ahora tiene un bozal y una correa por una acción externa. Si esa presión disminuye, podría desatarse nuevamente».
En sintonía, Oscar Murillo, director de Provea, sostiene que no existe hasta ahora un avance concreto en el desmantelamiento del aparato represivo. Según Murillo, para que el espacio democrático sea real, se requiere:
Derogación de leyes punitivas: Especialmente la Ley contra el Odio y la ley que regula a las ONG.
Reestructuración institucional: Cambios profundos en los cuerpos de seguridad y el Poder Judicial.
Elecciones transparentes: Convocatoria a comicios con un nuevo árbitro electoral y plena participación.
Garantizar el disenso
A pesar de los gestos diplomáticos de la administración de Rodríguez, el hostigamiento persiste. Líderes estudiantiles como Miguel Ángel Suárez y diversos dirigentes sindicales han reportado persecución tras encabezar movilizaciones recientes.
El desafío de esta nueva etapa, concluye Murillo, es que el Estado aprenda a convivir con la pluralidad. «Venezuela lo que necesita es que se garantice el disenso y la pluralidad», sentencia el defensor de derechos humanos, en un país que intenta pasar página mientras las sombras del pasado aún vigilan las esquinas.
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