Las guerras culturales que desgarran EE UU se han colado hasta la cocina. La prohibición por parte del Estado de Nueva York de fogones y calderas de gas en los edificios de nueva construcción ha puesto en pie de guerra a los republicanos, que consideran que esta medida atenta contra la libertad de elegir y especialmente contra los intereses del sector.
Hasta la Casa Blanca, que tampoco comparte la decisión aunque por otros motivos, ha salido al paso del debate mediante un comunicado de la Oficina de Gestión y Presupuestos, el brazo ejecutivo de la presidencia.
En el último presupuesto de Nueva York, aprobado a primeros de mayo, los demócratas, que controlan el Capitolio estatal, adoptaron dos propuestas para poner fin a la dependencia de los combustibles fósiles y luchar contra el cambio climático. La primera es la prohibición del uso de dichos combustibles para calefacción y cocinas en las nuevas construcciones, la primera iniciativa estatal en el país.
No va a ser un remedio instantáneo: la ley entrará en vigor en los edificios de menos de siete plantas a partir de 2026, mientras que los bloques de mayor altura tendrán hasta 2029 para implementarla.
No afectará a las viviendas existentes y se prevén excepciones para la industria, los generadores de emergencia y los hospitales, entre otros. La otra medida prevé impulsar la construcción y explotación de instalaciones de energías renovables para reducir las emisiones en un 85% para 2050.
Más del 60% de los hogares estadounidenses ya utilizan electricidad para cocinar —aunque Nueva York no alcanza ese porcentaje—, mientras la Administración de Joe Biden ha propuesto ampliar las normas de eficiencia de las cocinas de gas, con un ahorro energético estimado en 100 millones de dólares para la población, además de los beneficios ambientales y de salud.
Pero los representantes republicanos Kelly Armstrong (Dakota del Norte) y Debbie Lesko (Arizona) han contraatacado con sendos proyectos de ley, apoyados por cinco y 63 legisladores respectivamente.
Sólo la denominación de sus iniciativas ilustra el grado de encono que provoca un debate aparentemente banal sobre el uso de las cocinas en un país en el que, además, gana por goleada el consumo de comida preparada, más asequible que la hecha en casa (una tendencia que se manifiesta también en las cifras de inflación).
El proyecto de ley que promueve Armstrong, el H.R. 1615, lleva por título Protección de las cocinas de gas y Ley de la Libertad (la llamada Freedom Act heredó en 2015 la mayoría de las provisiones de la famosa Patriot Act, que tras el 11S consagró la lucha global contra el terrorismo).
El segundo borrador, el H. R. 1640, se titula simplemente Salvad nuestras cocinas. La denominación resulta desmedida en opinión de los demócratas, aunque no todos: los que tienen intereses en la industria del gas, como el díscolo senador centrista Joe Manchin, ven con buenos ojos cualquier recurso legal o administrativo para sortear la prohibición.
Hace tres semanas, la Oficina de Gestión y Presupuestos de la Casa Blanca salió al paso de las intenciones culinarias de los republicanos en el Congreso. “Aunque la Administración ha dejado claro que no apoya ningún intento de prohibir el uso de cocinas y calderas de gas, se opone firmemente a las leyes H.R. 1615 y H.R. 1640″, reza el comunicado publicado el 6 de junio.
La Administración demócrata defiende el uso doméstico del gas por “las decisiones de la Comisión para la Seguridad de los Productos de Consumo, basadas en la ciencia y [destinadas] a ayudar a los estadounidenses a reducir sus facturas de energía”, por lo que rechaza las propuestas republicanas.
Pero también, veladamente, la de sus correligionarios neoyorquinos: en una nueva vuelta de tuerca a la tradicional tirantez entre demócratas de Washington y demócratas de Nueva York, la Casa Blanca rechaza cualquier intento de prohibición, incluida la de los suyos.
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