En el Senado de la República de México se expuso la iniciativa Índice Global de Impunidad Ambiental en América Latina (IGI-AMB LATAM 2023), el cual se centra en la investigación sobre la impunidad global que realizó en 2014 la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), donde se determina que latinoamérica aún no desarrolla de forma eficiente las políticas de protección ambiental.
Dicho índice tiene como propósito examinar los niveles de inmunidad ambiental en América Latina, la cual se distingue por su biodiversidad y riqueza natural, actualmente encara dificultades en el balance del desarrollo económico y la conservación medioambiental.
A su vez, presenta una gran disparidad entre países en términos de desacuerdos socioambientales, desigualdad socioeconómica, deforestación y segregación social, que empeora el cambio climático y fomenta la degradación ambiental.
Esta iniciativa sirve para entender la desigualdad que existe en la habilidad institucional, la disposición política y el acceso a la justicia que los gobiernos implementan para la preservación natural y el derecho ambiental.
El IGI-AMB LATAM 2023, es un método innovador para introducir criterios vinculados con los crímenes ambientales y tácticas para asegurar el bienestar de las próximas generaciones, esto por medio de 52 indicadores basados en la capacitación, seguridad y desempeño político sobre el medio ambiente.
El progreso del índice había sido presentado anteriormente como una propuesta para el Foro de la Paz en París a mediados de 2021, logrando desempeñarse como uno de los 10 proyectos elegidos para el Programa de Escalamiento (SCUP), lo que permite que cuenten con un gran apoyo técnico y administrativo a nivel internacional.
De los 33 países evaluados, se estima que el 63.6% no percibe el derecho medioambiental dentro de su Constitución de forma explícita, mientras que alrededor de un 91% no tienen fiscalías ambientales a nivel nacional.
«Aunque del lado de las autoridades exista un discurso sobre la necesidad de actuar, no hay marco regulatorio explícito, recursos o instituciones que realmente puedan operar», declaró la directora de SIMO Consulting y coautora del índice, Azucena Cháidez.
Los países con menor extensión y financiamiento son los que poseen resultados poco favorables, esto es a raíz de las limitadas habilidades institucionales y la falta de proyectos de estrategia intergeneracional.
Mientras tanto, las naciones con mayor rango territorial, poseen una mejor capacitación institucional, pero, son las que presentan mayor degradación ambiental y crímenes medioambientales.
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