Libertad sindical en Venezuela: un derecho en entredicho para trabajadores y activistas

La detención de dos dirigentes sindicales de la estatal venezolana Siderúrgica del Orinoco (Sidor), que cumplen un mes presos este martes, es, para especialistas y defensores de los derechos laborales en Venezuela, una prueba de la pérdida del derecho a la libertad sindical en el país.

El caso de Daniel Romero y Leonardo Azócar, detenidos el 11 de junio por exigir, en el estado Bolívar (sur), mejoras salariales y el cumplimiento del convenio colectivo en Sidor, es una muestra de que «en Venezuela la libertad sindical es discrecional» e «inexistente», según dijo a EFE Carlos Salazar, coordinador de la Coalición Sindical Nacional, que agrupa a más de 100 organizaciones.

Para Salazar, «Venezuela está en cero en materia de derechos humanos» y laboral, y en ese contexto, se mantienen hechos de «persecución» y «abuso» contra quienes alzan la voz en nombre de los trabajadores.

Con esto coincide el abogado León Arismendi, miembro del directorio del Instituto de Altos Estudios Sindicales (Inaesin), para quien ni siquiera la presencia de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sirve para evitar que el Ejecutivo «siga invocando razones de seguridad nacional» para «violar» derechos implícitos en la libertad sindical.

LIBERACIÓN INMEDIATA, UNA EXIGENCIA

La ONG Provea señaló recientemente que «la represión por motivos políticos persiste», y «desde hace un año, las personas que defienden derechos humanos laborales son quienes corren mayor riesgo de ser privadas de libertad».

De acuerdo al cómputo de Provea, el Gobierno de Nicolás Maduro ha detenido, en lo que va de 2023, a 20 trabajadores de Sidor por exigir sus derechos laborales, 18 de ellos apresados en enero y posteriormente liberados.

A esta cifra se suman los 6 dirigentes gremiales detenidos entre el 4 y el 7 de julio de 2022, e identificados como Alcides Bracho, Emilio Negrín, Gabriel Blanco, Reinaldo Cortez, Néstor Astudillo y Alonso Meléndez, quienes permanecen presos por los delitos de asociación para delinquir y conspiración, según dijo a EFE su abogado, Eduardo Torres.

Torres explicó que las imputaciones contra sus defendidos y los dos de Sidor, acusados también de «asociación para delinquir» e «instigación al odio y boicot», representan «una aberración porque ellos están asociados para defender derechos, y los ampara, no solo a Constitución y las leyes, sino el convenio 87 de libertad sindical de la OIT».

Por su parte, León Arismendi, especialista en derecho laboral, recordó que con estas detenciones, Venezuela incumple las recomendaciones formuladas por la OIT en 2019, entre las que está «la liberación inmediata de todo empleador o sindicalista que pudiese permanecer en prisión en relación con el ejercicio de las actividades legítimas de sus organizaciones».

«La estabilidad de cualquier sociedad está íntimamente ligada a las condiciones en las que se trabaja, en particular al nivel de remuneraciones. Allí donde hay remuneraciones como las que perciben los trabajadores venezolanos, hay un foco de conflicto permanente. Entonces el Gobierno, en lugar de atacar la causa del problema, lo que hace es reprimir a los que protestan», aseguró Arismendi.

UN TESTIMONIO

Ángel Bolívar, trabajador de Sidor con 24 años de servicio -tres de ellos «desactivado» de sus labores como consecuencia, según afirmó, de sus luchas sindicales- calificó de «dramática» la detención de sus compañeros Azócar y Romero, y criticó que fueran apresados en un procedimiento que tildó de «secuestro».

«Los trabajadores por el derecho a la protesta, por el derecho humano de decir ya basta a lo que estamos viviendo (…) Tenemos persecuciones, visitas de militares con armas de guerra, como si fuésemos delincuentes terroristas, por simplemente decir la verdad (…) y eso es lo que estamos haciendo los trabajadores, no solamente de Guayana, sino de todos los sectores», dijo a EFE.

El Inaesin contó 592 conflictos laborales durante el primer semestre de 2023, lapso en el que, según el instituto, se ha mantenido la lucha de trabajadores que, mediante «acciones de calle», buscan «que las autoridades gubernamentales escuchen sus demandas y definan parámetros justos para un mayor y mejor desempeño de sus actividades en un ambiente libre de violencia y acoso laboral».

A estas luchas se suman ahora las protestas por la liberación de los sindicalistas de Sidor, a quienes sus familiares pudieron ver, según Torres, 28 días después de que fueran capturados en Bolívar y trasladados a Caracas, donde esperan la audiencia de presentación.

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