Líderes y lideresas indígenas de la Amazonía ecuatoriana y de territorios transfronterizos denunciaron este martes lo que consideran abandono estatal en Colombia, Ecuador y Perú, así como haber sido afectados por presuntas estrategias de persecución contra los defensores de derechos.
En una rueda de prensa, María Espinosa, defensora de derechos colectivos, de la naturaleza, y miembro de Amazon Frontlines, recordó que desde mediados de 2024 implementaron un programa de protección a defensores de derechos humanos en la Amazonía, y subrayó que 25 de los 39 casos que han acompañado tenían «altísimo riesgo», incluso «riesgo cierto contra la vida». Por ello, algunos defensores debieron abandonar temporalmente sus territorios para velar por su integridad física, explicó.
Ausencia de garantías estatales e intereses extractivos
De los 39 casos acompañados —que incluyen procesos, personas, comunidades y guardias indígenas—, 37 «siguen hoy logrando defender sus territorios y sus procesos comunitarios, y esto no ha sido gracias a los gobiernos», afirmó Espinosa. La defensora apuntó que ninguno de los Gobiernos de Ecuador, Colombia o Perú «ofrece garantías para las personas defensoras de derechos humanos» y que, por el contrario, se han convertido en uno de «los principales actores de riesgo para la labor de defender derechos humanos».
Espinosa agregó que en los 39 casos documentados se evidencia cómo la presencia de empresas extractivas, legales o ilegales, y la participación de los propios Estados responden a un interés por controlar los territorios indígenas para actividades de explotación y despojo.
Asimismo, señaló que entre los «principales perpetradores de riesgo se encuentran las fuerzas armadas y policiales, pero también el sistema de justicia», debido al «uso abusivo del derecho penal y administrativo para perseguir y silenciar la voz» de los activistas. «Defender derechos humanos no es terrorismo, defender derechos humanos no nos hace criminales», subrayó, advirtiendo que la criminalización funciona como una estrategia de desgaste.
Añadió además que en la frontera amazónica de los tres países operan estructuras criminales que buscan imponer sistemas de control en los territorios, una realidad conocida por los Estados que responde únicamente con presencia militar temporal.
Hostigamiento comunitario y causas judiciales
Por su parte, Viviana Calapucha, defensora de derechos colectivos de Tzawata-Ila-chukapi, aseguró que su comunidad enfrenta una situación «súper complicada» por la persecución judicial a sus autoridades y el intento de una empresa de despojarlos de sus tierras. Sin entrar en detalles, denunció que más de 150 familias están siendo hostigadas y que el Gobierno no ha actuado para defender sus derechos, habiendo adjudicado por el contrario sus territorios a terceros.
A su vez, Indira Vargas, vicepresidenta de la organización PAKKIRU, sostuvo que la «criminalización y estigmatización es una política de Estado» y aseveró que en 2025 sesenta personas fueron criminalizadas por presunto enriquecimiento privado no justificado, lo que derivó en el cierre de cuentas bancarias de varias organizaciones y ciudadanos de la nacionalidad kichwa.
Vargas comentó además otro caso en el que el Estado procesa por presunto financiamiento al terrorismo a 40 personas, entre ellas algunos de sus familiares. «No nos van a callar, vamos a seguir firmes frente a nuestra lucha, pero también para solicitar a la comunidad internacional que nos siga respaldando para poder visibilizar todos estos atropellos», advirtió.
Llamado a la comunidad internacional y resistencia territorial
Ante este escenario, Fanny Kaekat, de la nacionalidad shuar, formuló un llamamiento a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para que exijan a los gobiernos el respeto a los derechos indígenas y escuchen sus demandas.
Finalmente, Oswaldo Nenquimo, presidente de la organización OWAP, enfatizó que existen dos grandes frentes de riesgo amenazando la Amazonía: el petrolero y el minero, concluyendo con una premisa contundente: «La selva no está a la venta, se defiende».
¡Síguenos en nuestras redes sociales y descargar la app!
