Ricard C. sabía que los audífonos eran caros, pero no pensaba que lo fueran tanto. “Me compré unos que costaban 4.800 euros y los estoy abonando a plazos”, dice.
Tiene 79 años y hace unos meses que sus hijos le convencieron para que probara estos dispositivos. Le decían, explica, que estaba perdiendo capacidad auditiva porque había dejado de participar paulatinamente en las conversaciones.
“Quizás tenían razón”, comparte. Fue a un establecimiento de salud auditiva del barrio de Sants de Barcelona, donde reside, e inició los pasos para terminar con audífonos en las orejas.
“Me hicieron pruebas y me dijeron que tenía un 40% de pérdida auditiva. El problema es que estos aparatos son caros y nos supone un esfuerzo económico”, insiste el usuario. Ni se planteó pasar por el circuito de salud pública
Los expertos consultados admiten que la falta de contenidos auditivos en la cartera de servicios públicos convierte parte de la salud auditiva en una cuestión de dinero. Quien no puede pagar unos audífonos no recupera sus facultades perdidas.
“El factor económico es un gran factor discriminatorio”, lamenta Francesc Roca-Ribas, jefe del servicio de otorrinolaringología del hospital Germans Trias de Badalona. “En Cataluña tenemos un concepto de sanidad igualitaria y el déficit auditivo es un problema sanitario grave”.
La Generalitat de Cataluña asume los diagnósticos y terapias de seguimiento de personas con procesos agudos o crónicos e incluye determinados implantes cocleares, pero solo financia los audífonos a personas de hasta 26 años.
El doctor reivindica la necesidad de implementar la figura de los audiólogos en el sistema sanitario para “mejorar la atención a los pacientes” y lidera el primer Grado de Audiología del Estado, que se imparte a partir de este septiembre en la Universitat de Vic- Universitat Central de Catalunya.
Esta figura ya está consolidada en otros países europeos, mientras que actualmente en España se ofrece mayoritariamente una formación profesional de grado superior de dos años. “Muchas audiometrías y pruebas de oído recaen en enfermeras y auxiliares que no tienen la formación necesaria”, alerta Roca-Ribas.
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