Una operación contra la corrupción en Venezuela activada en marzo se paralizó, abruptamente, dos meses después, sin explicaciones por parte de las autoridades, que mantuvieron silencio sobre aspectos clave del proceso, según expertos, quienes ponen en tela de juicio el combate gubernamental contra esta práctica, lucha que el mundo conmemora cada 9 de diciembre.
De ningún otro tema se habló desde el comienzo de la operación, liderada «personalmente» por el presidente Nicolás Maduro, hasta mediados de mayo, cuando se informó de un segundo fallecimiento entre los 61 detenidos por las tramas reveladas en sectores como el petrolero, criptoactivos y las industrias básicas.
El exministro de Petróleo Tareck El Aissami, quien renunció a su cargo para colaborar con las investigaciones, según explicó entonces con un escueto y críptico mensaje en su cuenta de X, fue el pez más gordo que cayó en esta operación, pero desde entonces no se conoce su paradero ni el alcance de su responsabilidad en los hechos.
Al «abrir ese caso gigantesco», dijo el abogado penalista Fernando Fernández, el «propio Estado empieza a admitir que hay una descomunal corrupción», que «nunca» había «tenido una dimensión estructural como ha ocurrido en los últimos 24 años».
Sin embargo, ha habido «muy pocas medidas» para enfrentarla, y las que se tomaron fueron «insuficientes», a pesar de ser una de las causas del «empobrecimiento» del país, otrora uno de los más prósperos.
Según el ‘Corruptómetro’ de la ONG Transparencia Venezuela, elaborado a partir de causas e investigaciones de organismos oficiales dentro y fuera del país, la corrupción ha comprometido, al menos, 64.601 millones de dólares.
Una operación política
El plan de este año fue, según el jurista, un proceso «muy extraño» y con «mucha opacidad», que consistió «más bien en una especie de purga de orden político e institucional».
«No ha habido mayor reforzamiento, tampoco mayor información», aseguró Fernández, para quien este plan fue un intento de las autoridades de «crear una apariencia» anticorrupción ante la comunidad internacional, pero «hasta ahora no se han logrado» resultados «significativos» que «sean apreciables».
Por su parte, el abogado Alí Daniels, director de la ONG Acceso a la Justicia, duda de que «haya un interés legítimo» de las autoridades en «luchar contra la corrupción», sobre todo por la opacidad que —asegura— ha habido en «informaciones básicas de cualquier investigación de esta naturaleza».
«Nunca se dijo cuánto es el monto defraudado, el monto sustraído de las arcas públicas, y tampoco se dijo cuánto es el monto de lo recuperado. Tampoco sabemos si ha habido condenas, o si ha habido admisión de hechos, o si ha habido algún tipo de imposición de penas por reconocimiento de hechos. Nada de eso se sabe», aseguró.
Según Maduro, incautaron más de un millar de bienes, entre casas, vehículos, oficinas y empresas, valorados «en varios millones de dólares», una cifra que no precisó.
En este sentido, de acuerdo a Daniels, al «no haber transparencia», se evidencia que, «en realidad, no había un interés legítimo de combatir» la corrupción.
Oportunidades para la corrupción
Uno de los primeros pasos que, a juicio de Fernández, debe dar el país es hacer una «reforma institucional que restablezca la carrera judicial, la carrera fiscal y la policial».
Subrayó la importancia de contar con una Fiscalía y un Poder Judicial «totalmente independientes», además de «profesionalizados y técnicos», algo que Venezuela está «muy lejos de lograr», lo que «puede dar oportunidades» para la corrupción.
Además, aseguró que «continúa vigente la estructura legal» que facilita la corrupción, como la Ley Antibloqueo, que permite a las «autoridades de los órganos y entes» públicos otorgar, por «razones de interés y conveniencia nacional», el «carácter de reservado, confidencial o de divulgación limitada a cualquier expediente, documento, información, hecho o circunstancia».
A esto se suma la creación de la Notaría Interna del Servicio Autónomo de Registros y Notarías (Saren), que «atenderá únicamente apoyos gubernamentales, institucionales y de alta relevancia, garantizando la confidencialidad de las actuaciones del Estado», según información oficial.
Asimismo, «otorgará carácter de reservado, de divulgación limitada, a cualquier expediente, documento, información, hecho o circunstancia».
Transparencia Venezuela advirtió que esta medida «atenta contra el derecho humano al acceso a la información pública previsto en pactos y tratados internacionales, e impide a cualquier ciudadano participar en la fiscalización de políticas públicas y su implementación».
La organización ha denunciado que la publicación de información en Venezuela «es la excepción», mientras que «la norma es la opacidad y el silencio gubernamental».
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