La líder antichavista María Corina Machado agradeció este viernes el respaldo de Argentina, Costa Rica, Guatemala, Paraguay y Uruguay, cuyos Gobiernos condenaron, en una declaración conjunta, «el hostigamiento y la persecución sistemática contra dirigentes y partidarios de la oposición» de Venezuela, de cara a las presidenciales del 28 de julio.
«Los venezolanos valoramos enormemente este testimonio de países vecinos que nos acompañan en horas decisivas para Venezuela y para la región», expresó la exdiputada en la red social X.
A su juicio, estos cinco países latinoamericanos fijaron «una clarísima y firme posición a solo nueve días de la elección presidencial», en la que competirán diez candidatos, entre ellos el jefe de Estado, Nicolás Maduro, y el abanderado del principal bloque opositor -la Plataforma Unitaria Democrática (PUD)-, Edmundo González Urrutia, a quien respalda Machado.
«Entienden, como los demás Gobiernos democráticos del hemisferio, que tenemos una oportunidad única y real de avanzar en una transición pacífica a la democracia», agregó la dirigente opositora.
Argentina, Costa Rica, Guatemala, Paraguay y Uruguay denunciaron la «detención arbitraria» de numerosas figuras relacionadas con la oposición, calificando estos actos como «una violación directa a los derechos fundamentales y al Derecho Internacional».
Asimismo, exigieron el cese inmediato «del hostigamiento, persecución y represión» contra activistas políticos y sociales, así como «la liberación de todos los presos políticos».
La declaración conjunta también exhorta al Gobierno de Maduro a cumplir con sus obligaciones internacionales, particularmente en lo que respecta a la emisión de salvoconductos para los seis opositores vinculados con la PUD que se encuentran asilados, desde el 26 de marzo, en la residencia oficial de la Embajada de Argentina en Caracas.
La PUD, dirigentes opositores y varias ONG han denunciado, durante el desarrollo de la campaña electoral -que comenzó el 4 de julio-, decenas de detenciones «arbitrarias», así como múltiples «obstáculos» en carreteras, cierre de negocios que atendieron a González Urrutia o a Machado y retención de equipos de trabajo.
Hasta el miércoles, según la PUD, funcionarios de seguridad detuvieron a 72 personas desde el 4 de julio, de las cuales más de 20 siguen presas.
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