El presidente Nicolás Maduro firmó este lunes la Ley Para la Protección de Activos, Derechos e Intereses de la República y sus Entidades en el Extranjero, que busca recuperar los bienes del país en el exterior, donde son administrados por la oposición.
«Esta operación mafiosa de saqueo, de robo, que arrancó con el Gobierno paralelo de aquel año 2019, apoyado por Estados Unidos y sus secuaces. Ante los últimos acontecimientos contra Venezuela para intentar robarnos Citgo, robarnos el dinero, las utilidades, los activos de Citgo que le pertenecen a Venezuela, en la Asamblea Nacional se activó esta iniciativa», expresó el mandatario durante el programa «Con Maduro +».
Aseguró que la oposición se «cree intocable» desde el extranjero, desde donde dijo «hacen sus fechorías, atentan contra los recursos del Estado, bienes de todo el país y el pueblo».
«Ellos pretenden ser partidos políticos, grupos políticos, pero ellos avalan estas delincuencias, por ejemplo, como Primero Justicia, quien avala al asesino de Julio Borges, y ellos pretenden ser un grupo político dentro del país».
Asimismo, Maduro acusó a la presidenta de la Asamblea Nacional (AN) de 2015, Dinorah Figuera, de recibir 346 millones de dólares para «financiar las primarias de la derecha fracasada».
Reiteró que la empresa Citgo, filial de la petrolera estatal Pdvsa en Estados Unidos, «tenía muchos beneficios», entre ellos la compra de 400.000 barriles diarios de petróleo.
Según Maduro, el Gobierno venezolano recurría a Citgo para «reforzar con gasolina importada la necesidad de cubrir el mercado interno».
En este sentido, acusó al Gobierno estadounidense de tener «represado 4.000 millones de dólares de utilidades anuales», que destinados para el «bien de la población».
«El secuestro de Citgo ha significado un daño gigantesco a la población venezolana; económico, social, moral, físico, y la pretensión de robársela ahora para terminarla de saquear, más aún», finalizó.
El pasado 16 de mayo, la Asamblea Nacional aprobó en segunda discusión la Ley para la Protección de los Activos, Derechos e Intereses de la República y sus Entidades en el Extranjero, que plantea «sanciones ejemplarizantes» y declara nula «cualquier acción» contra los bienes del Estado en el exterior.
Esta ley se complementa con la recién aprobada de Extinción de Dominio, que busca recuperar bienes y recursos del país vinculados a casos de corrupción.
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