El juez federal Alvin Hellerstein, a cargo del caso contra el depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, impidió este martes que su defensa comparta las pruebas del proceso con otros coacusados que aún no han sido detenidos, como el ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello.
“El material de divulgación no podrá compartirse con ningún demandado identificado que aún no haya sido detenido en el marco de este procedimiento, ni con los abogados de dichos demandados”, aseguró Hellerstein, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, en respuesta a una petición de la Fiscalía estadounidense.
El magistrado añadió que “no es necesario compartir el material de divulgación para preparar la defensa” de Maduro y Flores, quienes están presos en una cárcel de Brooklyn desde principios de año por el caso de narcotráfico.
Hellerstein aceptó además una solicitud de protección presentada días atrás por la Fiscalía, que argumentó la necesidad de resguardar el conjunto de las pruebas por los “riesgos” que su difusión podría implicar para la seguridad de los testigos y la integridad de la investigación.
Material probatorio
El objetivo de esta medida es mantener fuera del alcance de tres acusados no detenidos el material probatorio, que incluye al ministro de Interior, Diosdado Cabello; Ramón Rodríguez Chacín, exministro de Interior; Nicolás Maduro Guerra, hijo del exmandatario; y Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”, presunto líder de la organización criminal Tren de Aragua.
El pasado 26 de marzo, Maduro y Flores comparecieron por segunda vez ante la justicia estadounidense dentro del mismo caso de narcotráfico, donde la Fiscalía solicitó por primera vez que no se permitiera compartir información con los coacusados.
En esa audiencia, el juez no emitió una respuesta inmediata sobre esa solicitud, ni sobre las sanciones de EE. UU. a fondos venezolanos que, según alega Maduro, le impiden financiar una defensa adecuada. No obstante, Hellerstein rechazó desestimar los cargos por narcoterrorismo contra el matrimonio y emplazó a las partes a resolver en breve la cuestión económica vinculada a su representación jurídica.
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