De jefe del Ministerio Público a prisionero por narcotráfico: La estrepitosa caída de Roger Mariaca en Bolivia

El fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca, pasó de ejercer la conducción titular del Ministerio Público a permanecer privado de libertad por orden del Ejecutivo nacional. La administración estatal lo acusa formalmente de liderar una supuesta «organización criminal» enquistada en la institución judicial para dar cobertura operativa al «narcoterrorismo», señalamientos que previamente motivaron la sanción del Gobierno de Estados Unidos con la revocación de su visado.

Mariaca fue aprehendido este miércoles en la ciudad oriental de Santa Cruz de la Sierra y trasladado bajo un estricto despliegue de seguridad a la sede de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (Felcn) en El Alto. Tras el procedimiento, el Ministerio Público calificó la detención como un «secuestro», al tiempo que el Gobierno del presidente Rodrigo Paz ratificó que la cúpula fiscal operaba para «incentivar y proteger el crimen organizado en el país».

Trayectoria académica y ascenso con la mayoría del MAS

Roger Rider Mariaca Montenegro (Santa Cruz, 1987) es abogado egresado de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, con maestría en derecho penal y procesal penal. En su recorrido profesional ejerció como docente universitario, vocal del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados de Santa Cruz y fiscal departamental de esa misma jurisdicción entre 2020 y 2024.

En octubre de 2024, Mariaca fue designado fiscal general de la República por la Asamblea Legislativa Plurinacional, de mayoría afín al Movimiento al Socialismo (MAS) durante las gestiones de Evo Morales y Luis Arce. Pese a recibir siete impugnaciones durante la fase de preselección parlamentaria y cuestionamientos de la oposición por presunta parcialidad política, el jurista fue ratificado para un mandato de seis años con vigencia hasta 2030, prometiendo en su toma de posesión combatir la impunidad y la corrupción.

Las sombras del ‘caso Marset’ y las filtraciones

El quiebre de su gestión institucional se aceleró por la derivación del denominado ‘caso Marset’. En julio de 2023, durante su periodo como fiscal departamental en Santa Cruz, se ejecutó un operativo infructuoso para capturar al presunto capo uruguayo Sebastián Marset, quien logró darse a la fuga. En aquel momento, la cartera de Interior no descartó la complicidad de jueces y fiscales en la evasión.

Marset fue finalmente capturado en marzo pasado en territorio boliviano mediante una operación de inteligencia policial sin la intervención de la Fiscalía, siendo posteriormente extraditado a Estados Unidos. En el contexto de la aprehensión de Mariaca, se difundieron grabaciones en las que el presunto narcotraficante se refiere al fiscal general como su «amigo», material que forma parte de las pericias técnicas de los organismos de investigación.

Acusaciones de la Casa Blanca y red de complicidades

Las acciones judiciales locales se precipitaron luego de que el Gobierno de Donald Trump incluyera a Mariaca en un listado de funcionarios sancionados por corrupción significativa. El Departamento de Estado sostuvo que el fiscal «abusó de sus cargos públicos al solicitar y aceptar sobornos para facilitar el narcotráfico y ayudar a delincuentes violentos a evadir la justicia», entorpeciendo las operaciones antinarcóticos de Washington.

Antes de su aprehensión, Mariaca rechazó las acusaciones atribuyéndolas a represalias por investigaciones que adelantaba su despacho, entre ellas el proceso seguido contra el consultor político argentino Fernando Cerimedo. Sin embargo, las pesquisas por la red de protección al narcotráfico suman hasta el momento 13 personas detenidas —incluidos tres fiscales de materia—, mientras los cuerpos policiales mantienen la orden de localización y captura contra el exministro de Gobierno, Eduardo del Castillo.

¡Síguenos en nuestras redes sociales y descargar la app!