Organizaciones civiles de El Salvador y relatores de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresaron su escepticismo ante el anuncio del presidente Nayib Bukele de otorgar beneficios carcelarios a cerca del 50 % de los colaboradores casuales de pandillas en prisión. Las dudas se presentaron durante la audiencia del 197 período de sesiones de la CIDH en Ciudad de Panamá, encuentro que no contó con la presencia de representantes del Gobierno salvadoreño.
Falta de claridad y dudas en la implementación
El relator de la CIDH para El Salvador, Riyad Insanally, cuestionó cómo se priorizarán y revisarán los casos, mientras que la vicepresidenta del organismo, Andrea Pochak, ofreció cooperación técnica para evaluar la medida. Por su parte, activistas y abogados de derechos humanos calificaron la iniciativa —que podría beneficiar a unos 5.000 presos— como una posible narrativa o demagogia en un contexto preelectoral, recordando que la libertad condicional no equivale a una absolución ni repara las faltas al debido proceso.
Denuncias de abusos bajo el régimen de excepción
Durante la sesión, las organizaciones denunciaron violaciones sistemáticas a los derechos humanos bajo el régimen de excepción vigente desde marzo de 2022. Con más de 96.000 personas detenidas, los entes humanitarios registran más de 6.400 denuncias por abusos y 570 muertes bajo custodia estatal, muchas de ellas con signos de violencia o derivadas de la falta de atención médica a pacientes crónicos.
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