La líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, agradeció este miércoles el pronunciamiento del secretario general de la OEA, Albert Ramdin, quien solicitó la liberación de los presos políticos en el país, cifra que la ONG Foro Penal ubica en 454 personas.
A través de su cuenta en X, Machado enfatizó que el «desmantelamiento de la represión es indispensable para alcanzar una genuina transición a la democracia y a la libertad en Venezuela». La dirigente exigió la liberación inmediata de los más de 500 civiles y militares que, según sus registros, permanecen tras las rejas, demandando garantías de libertad plena para quienes calificó como «secuestrados por razones políticas».
Denuncia ante el Consejo Permanente
En paralelo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llevó el caso ante el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Tania Reneaum, secretaria ejecutiva de la CIDH, calificó la privación arbitraria de la libertad como una de las expresiones más graves del quiebre institucional en el país, afirmando que la democracia no puede ser un simple «adorno» del sistema interamericano.
El llamado de la OEA
Albert Ramdin urgió a las autoridades venezolanas a agilizar la liberación incondicional de los detenidos. El secretario general advirtió que mantener a personas en prisión por sus opiniones políticas representa un obstáculo directo para la estabilidad democrática y el progreso que requiere la región.
Cuestionamientos a la ley de amnistía
Respecto a la ley de amnistía aprobada en febrero, la CIDH advirtió sobre la ambigüedad de ciertas disposiciones que podrían utilizarse contra opositores. Aunque el Gobierno de Venezuela reporta más de 8.000 beneficiarios, organizaciones civiles contrastan estos datos: solo registran 186 personas con libertad plena, mientras que 554 continúan bajo medidas cautelares, una situación que Reneaum describió como «libertad vigilada».
Posturas encontradas
Mientras la oposición y organismos internacionales denuncian la existencia de prisioneros de conciencia, el Gobierno de Venezuela mantiene su postura habitual, calificándolos como «políticos presos». El Ejecutivo asegura que estas personas se encuentran encarceladas por delitos comunes, un argumento que es rechazado sistemáticamente por partidos políticos y defensorías de derechos humanos.
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