
Un total de 10.221 ecuatorianos registrados en Venezuela y Cuba no podrán votar en el referéndum convocado para el próximo 16 de noviembre debido a problemas técnicos y diplomáticos, informó este viernes la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint.
El pleno del CNE aprobó el informe del 21 de octubre que detalla en Cuba, específicamente en La Habana y Santa Clara, una «situación de iliquidez bancaria y problemas en el suministro de electricidad, conectividad y transporte», lo cual impide garantizar que «los recursos enviados desde el Ecuador puedan ser retirados o transferidos para la organización del proceso electoral». En consecuencia, 355 ecuatorianos empadronados en Cuba no podrán votar.
En Venezuela, la imposibilidad de ejercer el voto responde a la dimensión diplomática, debido a que «se ordenó el retorno inmediato de los funcionarios asignados a la Sección de Intereses del Ecuador en la Embajada de Suiza», por falta de condiciones adecuadas de seguridad.
Las relaciones diplomáticas entre Ecuador y Venezuela están rotas desde el asalto policial ocurrido el 5 de abril de 2024 a la Embajada de México en Quito, con la detención del exvicepresidente Jorge Glas, quien cuenta con condenas firmes por corrupción y recibió asilo diplomático en México. Esta situación también impidió que los 9.866 ecuatorianos empadronados en Venezuela votaran en las elecciones presidenciales de 2025.
Asamblea Constituyente
La presidenta del CNE indicó que en México los ecuatorianos podrán votar con normalidad en las oficinas de la Sección de Intereses del Ecuador en la Embajada de Suiza.
Además, Venezuela y Cuba se suman a Nicaragua, país que «ya eliminó la zona electoral», dejando fuera a más ciudadanos residentes en el extranjero.
En total, 13.9 millones de ecuatorianos están convocados a votar el 16 de noviembre, incluyendo 471.152 registrados en el exterior distribuidos en Latinoamérica, Caribe y África; Canadá y Estados Unidos; y Europa, Asia y Oceanía, donde el voto es facultativo.
El referéndum incluye cuatro preguntas, entre ellas la creación de una Asamblea Constituyente para una nueva Constitución, una promesa electoral del presidente Daniel Noboa, reelegido para el periodo 2025-2029. Otras preguntas abordan la reinstalación de bases militares extranjeras, la eliminación del financiamiento público a partidos políticos y la reducción del número de asambleístas.
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