Más de 200 periodistas de 23 países pertenecientes a organizaciones internacionales y a medios independientes firmaron un comunicado difundido este miércoles en el que advierten que una ley recientemente aprobada en Perú amenaza con «controlar la actividad periodística».
Con el título ‘Perú: el periodismo bajo censura’, los firmantes rechazan la Ley 32301, conocida como ‘Ley anti ONG’, puesto que dispone un mayor control de los fondos de la cooperación internacional en el país, con el que cuentan, entre otros, los medios independientes.
«El periodismo en el Perú afronta una de las mayores amenazas de las últimas décadas, a raíz de la aprobación de una ley cuyos efectos suponen el control previo de actividades periodísticas por parte del Estado, vulneración del derecho al secreto profesional y sanciones desproporcionadas para actividades descritas en la norma en términos imprecisos», indica el comunicado.
Exponen que la ley, promulgada por la presidenta peruana, Dina Boluarte, el 14 de abril, afecta a los medios de comunicación independientes que funcionan bajo la figura legal de asociaciones civiles sin fines de lucro, e incluso a empresas periodísticas que realizan actividades con fondos de cooperación internacional.
«Establece disposiciones que son un ataque directo a la libertad de prensa, de un modo que no solo contraviene la Constitución Política sino estándares y jurisprudencia internacionales. En principio, al exigir -de manera inconstitucional y bajo amenaza de drásticas sanciones- la inscripción obligatoria en la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI)», añade.
Los firmantes, de países como Estados Unidos, España, Francia, Argentina, Brasil, Reino Unido, México, Colombia, Ecuador, Venezuela y Nicaragua definen esta ley como «una herramienta de control político sobre las organizaciones que reciben cooperación internacional» y «un mecanismo de censura».
APCI
En este sentido, argumentan que la norma otorga al Ejecutivo, a través de la APCI, la potestad de autorizar o bloquear los proyectos que financian la labor periodística, y prohíbe expresamente que estos fondos se utilicen para iniciar acciones legales contra el Estado, como el litigio para acceder a información pública.
«Bajo amenaza de sanciones desproporcionadas, los periodistas necesitarán el permiso del Estado para ejercer sus actividades de investigación, publicación y difusión de información de interés público, incluyendo la que se refiere a casos de corrupción, conflictos de interés o abusos de poder en la administración pública», refiere.
El comunicado compara la norma con un patrón que se ha visto en Venezuela, Nicaragua y Paraguay «donde normas similares han sido utilizadas para cerrar medios, hostigar periodistas y eliminar organizaciones de la sociedad civil».
También sostiene que en la última década la prensa independiente en Perú «ha sido un espacio de especial relevancia para la publicación de informes de interés público sobre actividades ilícitas o abusos de poder», y que esta ha surgido gracias a financiamiento externo por parte de diversas organizaciones.
Algunas de las que suscribieron este comunicado son el Pulitzer Center, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), International Center for Journalism (ICFJ) y la Red Centroamericana de Periodistas, entre otras.
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