Se pudo conocer que, desde la semana pasada agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) han venido expropiando al Grupo Empresarial La Fontana en el municipio Piar y en el estado Bolívar, la tarde de este martes, un trabajador, quien omitió su identidad, de la Panadería y Restaurante del mencionado Grupo, ubicado en la avenida Raúl Leoni de Upata, informó que una comisión del DGCIM se presentó en el lugar y cerró la oficina administrativa y Servirest, dejando a más de 200 trabajadores sin empleo.
A raíz de esto, los empleados decidieron tomar acciones de protestas en las afueras de la panadería y solicitaron la presencia de los organismos superiores del DGCIM para que les den una respuesta sobre la posible expropiación de la que se ha venido mencionando.
José Sánchez, otro trabajador de los afectados, dijo que son padres y madres de familias que quedarían sin empleo.
«Estamos protestando por las acciones arbitrarias tomadas contra el Grupo Fontana», expresó.
Asimismo, indicó que la tarde de ayer (martes), les informaron que pasarían a la administración del Estado.
«Pedimos que nos digan si el Gobierno va a tomar las empresas del Grupo La Fontana, si es así, no vamos a trabajar más, pues, al preguntar a los dueños o gerentes que están al frente del Grupo, ¿qué estaba pasando y en manos de quién pasaríamos?, estos nos dicen que su administración ahora pertenecerá al estado» reveló Sánchez.
Seguirán en protesta
Por su parte, Nilseth Rivas, otra de las afectadas, manifestó que en caso de no obtener alguna respuesta o presencia del agente superior del DGCIM, volverán a protestar.
«No vamos a descansar, somos madres y padres de familias que necesitamos el empleo», aseguró.
Entretanto, Rosiris García, quien también labora en el Grupo, solicitó una pronta respuesta en beneficio de los más de 200 empleados, que están siendo perjudicados por esta medida injusta.
Por tanto, esperan que se pronuncien los encargados del caso o en su defecto los dueños de ese grupo empresarial.
Se conoció que, según, expropiaron seis camiones y una flota completa de vehículos que eran vitales para la generación de empleo en el municipio.
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