Más de tres centenares de especialistas en seguridad y privacidad digital de 30 países han firmado una carta abierta en la que advierten que los sistemas de verificación de edad no son tan seguros ni eficaces como se plantea.
Apuntan de un presunto riesgo que podría a afeactar a todas las personas que utilizan la web, especialmente si no se evalúan con cautela sus implicaciones sociales y técnicas.
Esta declaración tiene un considerable impacto en el contexto actual. Desde comienzos de año son muchos los gobiernos que han planteado la prohibición del uso de redes sociales a los menores.
En Europa, Francia es el país más adelantado (su norma es a partir de los 15 años de edad), mientras que Reino Unido y Alemania avanzan en un mismo sentido. En el caso español, el presidente del Gobierno Pedro Sánchez anunció el pasado 3 de febrero que nuestro país prohibirá el acceso a las redes sociales a menores de 16 años y adoptará otras medidas para aumentar el control de las plataformas digitales y que sus directivos tengan que asumir responsabilidades por las infracciones.
El país más adelantado en este sentido es Australia, que prohibió ya en diciembre las redes a sus niños y adolescentes menores de 16 años.
El documento titulado Joint Statement of Security and Privacy Scientists and Researchers on Age Assurance sostiene que la protección de los menores de edad de los riesgos potenciales de internet es un objetivo legítimo, pero sus beneficios aún no están en claro en comparación con unas amenazas que no consideran inocuas.
Alegan que, por ejemplo, el control biométrico, el más planteado por distintos gobiernos, es peligroso porque procesa información extremadamente sensible que expone a los usuarios y que pueden usarse con fines más perniciosos, como la vigilancia o el espionaje.
El control de edad en el mundo físico resulta bastante efectivo, pero que a nivel digital lo cierto es que plantea, sostienen, muchos problemas tanto de seguridad como legales.
«Es peligroso y socialmente inaceptable introducir un mecanismo de control de acceso a gran escala sin una comprensión clara de las implicaciones que las diferentes decisiones de diseño pueden tener en la seguridad, la privacidad, la igualdad y, en última instancia, en la libertad de decisión y la autonomía de las personas y las naciones», señalan los firmantes.
A pesar de esta anuncio muchos especialistas, educadores digitales y legisladores consideran que la prohibición no sólo es la mejor opinión para proteger a los niños, sino que permitirá además poner coto a las empresas tecnológicas, que eluden en todo momento cualquier responsabilidad.
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