Cientos de trabajadores de la pequeña minería, en compañía de Yunice Barreto y Yitsi García, presidenta y vicepresidenta de la Alianza Agrominera Mamá Pancha, C.A., junto a su apoderado judicial, el abogado Gabriel Aguilar, se presentaron formalmente en el Palacio de Justicia de Alta Vista, en Puerto Ordaz. El objetivo de la comisión fue interponer un recurso contencioso administrativo por abstención u omisión, acompañado de una solicitud urgente de medida cautelar de protección, ante las graves arbitrariedades, cobros indebidos y actos de amedrentamiento atribuidos al Ministerio del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico.
Las voceras de la alianza minera denunciaron públicamente ante los medios de comunicación que desde el despacho ministerial se condiciona la entrega del Registro Único Minero (RUM), un trámite que por ley es completamente gratuito, al pago extorsivo de 25.000 dólares en divisas.
Señalaron directamente a la directora del despacho, Desiré Hidalgo, de ejecutar supuestamente este esquema de corrupción. Explicaron que, ante la negativa de la empresa a cancelar dicha suma ilícita, el organismo bloquea el acceso al documento argumentando falsamente una «migración en el sistema», mientras que los actores que pagan la cuota exigida obtienen el permiso de forma inmediata.
Terror armado y amedrentamiento en Nacupay
Yunice Barreto aseveró que desde la adjudicación legal de la alianza en el año 2023, la organización ha sido víctima de hostigamiento sistemático bajo la gestión del ministro de Minas, Héctor Silva.
El episodio más crítico ocurrió el pasado 22 de septiembre de 2026, cuando hombres encapuchados e irrumpiendo con armas largas, identificados como miembros del Grupo de Protección del Arco Minero del Orinoco (GPAMO) estos paralizaron de forma violenta los trabajos en la mina Nacupay, en el municipio El Callao. Las incursiones se ejecutaron sin presentar ninguna providencia ni documento administrativo de la Corporación Venezolana de Minería (CVM) que justificara la medida.
Persecución judicial y privación ilegítima de la libertad
La directiva advirtió sobre el uso del aparato de justicia para criminalizar la labor minera. Quienes se niegan a acatar las paralizaciones ilegales son aprehendidos y puestos a la orden del Ministerio Público, una situación que la propia Barreto sufrió previamente tras permanecer privada de libertad durante siete meses junto a dos de sus hijos.
También las víctimas indican que Héctor Silva, es conocido en el sector minero como “Niño Bonito”, quien llegó a la zona para crear zozobra y perseguir a los pequeños mineros, por otro lado, dicen que en vez de organizar a los artesanos ha creado un clima de zozobra y terror.
Actualmente, más de 500 pequeños mineros se encuentran encarcelados injustamente por el único hecho de ejercer su derecho al trabajo para el sustento de sus familias, hallándose en una situación de extrema vulnerabilidad y riesgo para sus vidas.
Seguridad jurídica y derecho al trabajo garantizados por ley
El abogado defensor Gabriel Aguilar precisó que la empresa cuenta con toda su documentación en regla, incluyendo la Afectación de Recursos Naturales Renovables (AARN) emitida por el Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo, lo cual les otorga el derecho legal de explotar el área asignada. Aguilar remarcó que, ante la inactividad deliberada del Ministerio de Minas para expedir el RUM y el silencio cómplice de la CVM, acudieron a la Jurisdicción Contencioso Administrativa para frenar la vulneración del debido proceso, restablecer el derecho a la libre empresa y garantizar la protección física de las víctimas.
Exigencia de investigación penal y destitución ministerial
Ante la gravedad del escenario y el clima de terror que afecta al sector minero en el estado Bolívar, la Alianza Mamá Pancha responsabilizó formalmente al ministro Héctor Silva de cualquier atentado contra la integridad física de los trabajadores. Por ello, hicieron un llamado urgente al fiscal general de la República, Larry Daniel Davoe, para que comisione un equipo de fiscales e inicie una investigación penal sobre las extorsiones y amedrentamientos.
Además, solicitaron la intervención de la Defensoría del Pueblo, ONGs de derechos humanos y de la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, exigiendo la destitución inmediata del ministro Silva por desestabilizar la paz social y productiva de la región.
¡Síguenos en nuestras redes sociales y descargar la app!
