El partido opositor venezolano Movimiento al Socialismo (MAS) exigió este lunes esclarecer las muertes bajo custodia del Estado de los presos políticos Víctor Quero Navas y el exconcejal chavista José Manuel García, advirtiendo que estos casos reflejan «graves violaciones de derechos humanos» en el sistema penitenciario nacional.
El secretario general del MAS, Felipe Mujica, señaló que en el caso de Quero Navas —cuya muerte en 2025 fue reconocida apenas la semana pasada por el Gobierno— hubo «una clara manipulación».
Organizaciones no gubernamentales indicaron que la madre del fallecido, Carmen Navas, realizó múltiples diligencias ante la Fiscalía y la Defensoría sin éxito, mientras que en la cárcel Rodeo I le negaron sistemáticamente el paradero de su hijo.
Exigencia a las autoridades actuales
Mujica pidió al Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, esclarecer de inmediato este deceso y el del exconcejal chavista José Manuel García, quien apareció muerto este fin de semana en calabozos policiales del estado Anzoátegui. «Exhortamos al Estado a garantizar la vida y demás derechos humanos de las personas privadas de libertad», enfatizó el dirigente.
Versión oficial y cuestionamientos técnicos
Por su parte, el Ministerio del Servicio Penitenciario confirmó el fallecimiento de Quero Navas alegando que el recluso fue trasladado a un hospital en julio de 2025 por una «hemorragia digestiva superior», muriendo días después por «insuficiencia respiratoria aguda». No obstante, un grupo de 45 ONG venezolanas ha solicitado la conformación de una comisión de investigación internacional independiente para verificar estos hechos.
Reacciones de la sociedad civil y la Iglesia
La líder opositora y nobel de la paz, María Corina Machado, exigió la liberación de todos los presos políticos «antes de que mueran más», recordando que ya son 27 los detenidos por motivos políticos fallecidos bajo custodia desde 2014. Asimismo, la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) expresó su «profunda consternación» y exigió determinar las responsabilidades penales y administrativas correspondientes.
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