El Gobierno colombiano estaría echando a un lado a los venezolanos que, tras los comicios presidenciales del 28 de julio, han solicitado protección internacional. La revista Semana publicó un artículo en el que reveló en primicia que hay 29 mil 551 solicitudes de reconocimiento de condición de refugiados de criollos que habrían sido “congeladas”.
De acuerdo con el medio colombiano, esos trámites están engavetados desde hace meses o años porque el Ministerio de Relaciones Exteriores tiene demoras de más de tres años para analizar esos requerimientos, pese a que quienes los solicitan son personas que huyeron de Venezuela porque su vida corría peligro debido a su posición política, ejercicio como defensor o defensora de derechos humanos o por trabajar en medios de comunicación. Hay decenas de periodistas en esa condición.
Desde el 28 de julio, han llegado a la Cancillería mil 693 solicitudes del estatus de refugiado por parte de venezolanos, de las cuales ya fueron rechazadas para trámite de protección 688 por, supuestamente, no cumplir requisitos.
Si bien ese despacho respondió a un derecho de petición enviado por Semana, que estas personas pueden volver a presentar su solicitud, la falta del trámite de estos requerimientos está dejando a cientos de personas sin protección en un entorno en el que los migrantes ya han denunciado estar siendo blanco de ataques aun cuando ya han dejado su país, como lo constató Semana previamente con el caso de Pablo Parada, quien le pide refugio a Colombia después de que la dictadura lo señalara como parte de un plan para derrocar a Maduro.
Las estadísticas del lento trámite que les da el Estado colombiano a las solicitudes de refugio son mucho más graves. Los datos del Grupo Interno de Trabajo de Determinación de la Condición de Refugiado datan apenas desde 2017 y estos dan cuenta de que desde entonces se habían solicitado 67 mil 48 reconocimientos de ese estatus, de los que solo se han aceptado como refugiados a un total de 1.441 ciudadanos.
Colombia ha tenido una resistencia histórica a conceder solicitudes de refugio y la norma que regula este asunto está desactualizada porque fue expedida durante el Gobierno Santos, en un periodo en el que se presentaron emergencias migratorias como la expulsión de colombianos en la frontera perpetrada por Nicolás Maduro, apenas en el inicio de una diáspora que ya se cuenta por millones.
Se trata del Decreto 1067 de 2015, que se quedó corto para la situación que enfrentó el país en los años posteriores, con la llegada de casi 3 millones de ciudadanos, de los que miles están solicitando protección internacional. Pero son tantas las demoras para conseguir ese trámite que hay quienes desde Colombia tocan la puerta de embajadas como la de España y Estados Unidos para pedir ayuda a esos Estados porque el colombiano no les respondió.
Incluso, en la Política Integral Migratoria que se publicó en 2021, cuando la cifra oficial de migrantes en el país ya rondaba los dos millones, no se actualizó ese componente, sino que remite al mismo decreto publicado durante la administración de Santos, cuando la migración se contaba por cientos y no por millones.
Normas restrictivas
“El Estado no está cumpliendo con sus responsabilidades. No solo tiene un acumulado de tanto tiempo de solicitudes no respondidas, sino que además tiene unas normas muy restrictivas que son, incluso, disuasivas hacia la solicitud de refugio porque el trámite se demora entre tres y cuatro años, y las personas durante ese tiempo no pueden trabajar, dándoles como única opción la economía informal”, sostuvo Ligia Bolívar, investigadora asociada del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello.
La experta responsable del área de derechos de migrantes y refugiados de esa institución advierte que esas demoras dan cuenta no solo de un desinterés del Gobierno, sino también de los congresistas en legislar sobre este tema. El término refugiado es un estatus que se aplica internacionalmente para quienes no pueden regresar a su país de origen porque su vida allá corre peligro.
Si bien se aplica para casos como el de Palestina o Siria, donde la población huyó de una guerra, también se suscribe para los casos de persecución política.
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