Cientos de mineros artesanales fueron desalojados de manera intempestiva de la mina Catacumba, ubicada en la parroquia Pedro Cova del municipio Piar. En respuesta a la acción armada y al no haberles permitido retirar sus pertenencias, los trabajadores paralizaron el tránsito en la arteria vial principal que da acceso a la población de El Manteco, exigiendo la atención inmediata de las autoridades regionales y del Gobierno nacional.
Según los testimonios de los afectados, una comisión de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), acompañada por tres personas que se presentaron como presuntos fiscales del Ministerio Público, irrumpió en el yacimiento sin previo aviso. Los trabajadores denunciaron que los funcionarios no mostraron acreditaciones formales y procedieron a incautar arbitrariamente 54 molinos, herramientas de extracción, enseres domésticos, provisiones de alimentos y material aurífero.
El procedimiento generó fuertes sospechas entre las familias mineras, quienes destacaron lo inusual del operativo debido al reducidísimo número de efectivos militares actuantes para el volumen de la mina, sumado a la negativa de los supuestos fiscales a identificarse legalmente.
Único sustento familiar en la zona
Los afectados recalcaron que llevan varios años laborando de forma continua en la mina Catacumba sin haber registrado conflictos previos. Subrayaron que la minería artesanal representa la única fuente de ingresos activa para el sustento de sus familias, dada la severa falta de oportunidades de empleo formal en la zona rural del municipio Piar.
Extraoficialmente, los efectivos militares argumentaron que actuaban bajo órdenes directas de la cartera ministerial de Desarrollo Minero Ecológico, alegando instrucciones de desalojo y expropiación de las áreas de trabajo.
Amenazan con radicalizar las medidas de protesta
Ante la falta de interlocutores oficiales, la comunidad minera, amenazan con retomar nuevamente el único acceso a El Manteco, con el propósito de impedir el paso de volquetas y transporte pesado perteneciente a empresas que operan en la jurisdicción.
Los manifestantes advirtieron que, de no recibir una respuesta satisfactoria ni una mesa de diálogo directa con la representación del ministerio, intensificarán las medidas de presión con la toma pacífica de todo el poblado hasta ser escuchados.
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