El Ministerio Público consideró que los «abusos» por los que ha sido acusado el expresidente Jair Bolsonaro en la campaña para los comicios del año pasado «están presentes en los autos» del proceso que juzga desde este jueves el tribunal electoral y pidió que se apliquen «las penas de ley».
El eje de la acusación, que le puede costar sus derechos políticos al líder de la ultraderecha, es una reunión que Bolsonaro convocó el 18 de julio de 2022 en la residencia oficial de la Presidencia, para descalificar al sistema electoral y a la propia democracia, y que incluso ordenó que fuera transmitida por la televisión pública.
El abogado Paulo Gonet Branco, en nombre del Ministerio Público, dijo en la primera audiencia del proceso que no caben dudas de que esa reunión «fue convocada para que la comunidad internacional» y «toda la sociedad brasileña» fuesen «expuestos a alegaciones inverídicas» y a una «manipulación que podría corroer el pleito electoral» y «perturbar la normalidad institucional del sistema democrático».
Según Gonet Branco, la «gravedad» de esos hechos se manifestó en un movimiento que, tras la victoria electoral del progresista Luiz Inácio Lula da Silva, se lanzó a las calles para desconocer los resultados y exigir a las Fuerzas Armadas un golpe militar para impedir su toma de posesión.
El representante del Ministerio Público sostuvo que «todos los elementos para configurar el abuso de poder están presentes de modo inequívoco» en los autos del proceso, por lo que recomendó que el Tribunal Superior Electoral (TSE) «acoja la demanda» y «condene» al exmandatario con las penas previstas en la ley.
El TSE ha reservado tres audiencias para este caso y suspendió la primera tras la exposición del Ministerio Público y escuchar tanto a la defensa como a la parte acusadora, por lo que la sentencia será dictada la semana próxima.
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