Organizaciones pidieron este lunes a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) que detenga el trámite de un proyecto de ley sobre crímenes de lesa humanidad y de guerra en Perú, mientras que el Estado afirmó que la iniciativa no se trata de una amnistía y cuestionó la potestad del tribunal internacional para abordar el asunto.
El representante de la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (Fedepaz), David Velazco, aseguró que la iniciativa es un «riesgo para el derecho a la justicia de las víctimas» y solicitó a la CorteIDH que «adopte medidas provisionales ordenando al Estado peruano que se abstenga de la aprobación del proyecto de ley y de cualquier normativa similar».
La CorteIDH llevó a cabo este lunes una audiencia virtual en la que escuchó a las partes acerca de las medidas provisionales solicitadas por organizaciones defensoras de derechos humanos que pretenden detener el trámite de la iniciativa de ley.
Ese proyecto, que aún debe pasar por una segunda votación legislativa antes de ser remitido al Ejecutivo, pretende impedir que se procese a cualquier persona por delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra ocurridos antes de 2002 y, por lo tanto, excluye el periodo del conflicto interno (1980-2000) que dejó más de 69.000 víctimas en el país.
La Cantuta y de Barrios Altos
Las organizaciones afirman que esta iniciativa afectará el acceso a la justicia y a la verdad para las víctimas de violaciones a los derechos humanos, puntualmente en los casos de La Cantuta y de Barrios Altos, los cuales fueron juzgados por la CorteIDH con sendas sentencias en contra del Estado.
La representante de la Asociación Pro Derechos Humanos de Perú (Aprodeh), Gloria Cano, explicó que si la iniciativa entra en vigencia, «permitirá que personas condenadas y las que están en proceso de investigación (por delitos de guerra y lesa humanidad) queden fuera del alcance de la justicia».
Las organizaciones consideran que si se aprueba la ley los condenados por la justicia peruana en los casos Barrios Altos y La Cantuta podrían quedar en libertad.
Los defensores de derechos humanos pidieron a la CorteIDH que reitere que este tipo de iniciativas de ley son inadmisibles en el derecho internacional porque generan impunidad.
El Estado niega que se busque una amnistía
El agente estatal César Pastor Briceño calificó como «indebida» la solicitud de medidas provisionales y aseguró que el proyecto de ley no tiene relación directa con los casos Barrios Altos y La Cantuta que ya son «cosa juzgada» por el tribunal internacional.
«El Estado no se explica la competencia de la Corte Interamericana ni la legitimidad procesal para que se adopten medias provisionales», apuntó Briceño, quien aseveró que «el proyecto de ley no constituye una ley de amnistía».
El otro agente estatal, Jorge Luis Cáceres, aseguró que las medidas provisionales buscan «callar» al Congreso para que «no legisle» y que eso «no se puede tolerar».
El proyecto de ley es promovido por el fujimorismo y una bancada conformada por exjefes de las Fuerzas Armadas.
El expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) fue condenado en 2009 a 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad, a raíz de dos matanzas cometidas por el grupo militar encubierto Colina en 1991 y 1992, y actualmente, a pesar de haber sido indultado y excarcelado, sigue siendo procesado por otra masacre atribuida al Colina.
El pasado 13 de junio la CorteIDH ordenó a Perú detener el trámite del proyecto hasta que emita una resolución respecto al tema, medida que permanece vigente.
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