El Gobierno de Colombia y la Segunda Marquetalia, disidencia de las FARC integrada por exguerrilleros que abandonaron el acuerdo de paz de 2016, instalan este lunes en Caracas una mesa de diálogo para buscar una salida del conflicto ocho años después de una negociación fallida.
El diálogo se retoma después de que se aprobara la ‘ley de paz total’ en Colombia, que pretende permitir la renegociación a quienes se salieron del acuerdo.
El grupo de exguerrilleros está liderado por Luciano Martín Arango, Alias ‘Iván Márquez’, quien fue negociador de las FARC para el acuerdo de 2016 y se sienta de nuevo en un intento de lograr un acuerdo que satisfaga sus expectativas.
Por parte del Gobierno, los diálogos los dirigirá el exmagistrado del Consejo Nacional Electoral Armando Novoa, quien participó en la Constituyente de 1991.
Negociadores del acuerdo
La Segunda Marquetalia, que toma el nombre del lugar donde nacieron las FARC en 1964, fue creada en 2019 cuando Márquez y otro de los negociadores del acuerdo, ‘Jesús Santrich’ (que murió en 2021 en un fuego cruzado en Venezuela) volvieron a la clandestinidad.
Es el grupo al que el Gobierno le ha dado status político más pequeño y se estima que tienen entre 1.800 y 2.000 hombres, de los cuales solo entre 1.200 y 1.300 son guerrilleros, el resto son colaboradores.
La intención de la Segunda Marquetalia no es atacar directamente al Estado, como otros grupos, sino conseguir el control territorial, para lo cual mantienen el conflicto abierto con la otra disidencia de las FARC, el Estado Mayor Central (EMC), según el Comité Internacional de la Cruz Roja.
A los jefes de la Segunda Marquetalia, con un bagaje político profundo, se les ha unido una amalgama de personas con intereses más variados, como los Comandos de la Frontera, que actúan en los límites con Ecuador, y cuyo único interés está centrado en las economías ilícitas.
En este primer ciclo, ambas delegaciones deben definir los asuntos que se abordarán durante los diálogos, aunque ya en reuniones previas en Venezuela acordaron que el proceso «abogará por cambios y reformas democráticas para el beneficio de la población, partiendo de la construcción de paz con soluciones políticas en las que la prioridad sean los territorios».
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