El aparato represivo del Estado venezolano permanece intacto y conserva su capacidad de violar los derechos humanos, advirtió la Misión Internacional Independiente de la ONU en su informe sobre la situación del país en 2026. Aunque el organismo reconoció avances tras los hechos del 3 de enero —fecha en que la intervención estadounidense derivó en la captura de Nicolás Maduro—, subrayó que no existen reformas institucionales que garanticen una apertura democrática sostenible.
«La reducción de algunas de las formas más severas de represión es significativa, pero no constituye una transformación del sistema que las hizo posibles», afirmó Sofía Macher, nueva presidenta de la Misión. El informe detalla que las leyes que criminalizan la disidencia siguen vigentes, los servicios de inteligencia mantienen sus estructuras y al menos 19 funcionarios señalados por graves violaciones a los derechos humanos continúan en cargos clave.
Entre los aspectos positivos, la Misión destacó la excarcelación de cientos de presos políticos, la disminución de desapariciones forzadas y un margen mayor para la protesta social. Sin embargo, denunció que persisten patrones sistemáticos de tortura. Desde inicios de año, el organismo registró 64 nuevos casos de tratos crueles, incluyendo intubaciones forzadas y confinamientos subterráneos en El Rodeo I y Fuerte Guaicaipuro. Actualmente, se calcula que entre 300 y 500 personas siguen detenidas por motivos ideológicos.
Asimismo, la Misión presentará ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU un estudio dedicado a los «colectivos» armados. El documento concluye que estos grupos no son actores periféricos, sino una pieza central de la coacción estatal integrada formal e informalmente con los cuerpos de seguridad. Ante este escenario, la Misión instó a la comunidad internacional y a Estados Unidos a presionar por reformas estructurales, garantizando que su interferencia no facilite nuevas vulneraciones a los derechos humanos.
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