
El movimiento por la vivienda en Portugal, que este domingo se volvió a concentrar en Lisboa y Oporto para exigir soluciones a la crisis habitacional, abogó por convocar una huelga general en Portugal, una idea que se viene discutiendo en el país tras el anuncio de las movilizaciones en España.
La idea de la huelga ibérica ha sido defendida tanto en las manifestaciones como en las asambleas populares que desde hace más de una semana se celebran diariamente en ambas ciudades portuguesas. En España, la jornada de huelga está convocada para el miércoles 11 de noviembre por organizaciones sindicales y sociales para reclamar medidas frente a la crisis de la vivienda y mejoras en las condiciones laborales.
«Hay miles de personas movilizadas, y creo que eso hace que sea cada vez más necesario convocar una huelga general en Portugal», dijo a EFE João Veloso, uno de los portavoces de la Acampada de Lisboa, quien se mostró confiado en que las recientes muestras de fuerza ante las multitudinarias concentraciones lograrán que el Gobierno retire su propuesta de reforma de la ley de alquiler.
El rechazo a la reforma del mercado de arrendamiento
La propuesta del Ejecutivo conservador plantea, entre otros aspectos, acelerar los desahucios, eliminar el periodo mínimo de tres años que opera actualmente en determinadas renovaciones automáticas, permitir que los propietarios exijan hasta tres meses de renta por adelantado (frente a los dos actuales) y eliminar el límite específico de dos mensualidades para las fianzas.
«Es importante que cada vez más ciudades se sumen a esta iniciativa de ocupar el espacio público, de luchar por el derecho a la vivienda, como ya ha ocurrido en Oporto, como ocurrió en Coímbra el otro día —donde la gente también salió a la calle— y como ya está empezando a ocurrir en Faro», destacó Veloso.
Tensiones por la actuación policial y continuidad de las acampadas
Los manifestantes decidirán hoy si vuelven a montar las tiendas de campaña o pasarán la noche en sacos de dormir durante la asamblea popular que se celebra en ambas ciudades.
La decisión se toma después de que la Policía cargara contra los participantes de la acampada en una operación que ha sido cuestionada por varios sectores y que se saldó con decenas de detenidos, cifrados entre 31 y 11 personas por las autoridades, mientras los organizadores elevan el balance a más de una treintena.
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