La vigilia, que cada año reúne a unos 30.000 fieles católicos en Esquipulas, un pequeño pueblo del norte de Nicaragua, fue suspendida en medio de denuncias sobre asesinatos de campesinos, supuestamente a manos de militantes sandinistas, afines al Gobierno.
«No podemos someter a la población a riesgos temerarios (…) con esta situación, que está muy difícil y crítica, es imposible hacerlo», dijo el obispo de la Diócesis de Matagalpa, Rolando Álvarez, a periodistas.
En días recientes un hombre apareció decapitado en una zona rural del departamento (provincia) de Jinotega, vecina de Matagalpa, y el opositor Movimiento Campesino de Nicaragua atribuyó el crimen a las malas relaciones del Gobierno del presidente Daniel Ortega con la población del campo.
Álvarez es uno de los obispos que ha sido amenazado de muerte desde el estallido social de abril de 2018 contra Ortega, quien se ha referido al Episcopado de Nicaragua como «golpista».
El cardenal Leopoldo Brenes ha afirmado que la Iglesia católica, cuyas parroquias importantes suelen estar rodeadas de policías y paramilitares sandinistas, es perseguida en Nicaragua.
El Gobierno de Ortega, señalado por la muerte de entre 328 y 651 personas en los últimos 20 meses, de los cuales reconoce 200, insiste en tener un modelo «cristiano y solidario».
Una portavoz de la Diócesis de Matagalpa confirmó a Efe que aunque la vigilia anual fue suspendida, se mantiene en pie la peregrinación anual del día 15, hacia el Santuario de Nuestro Señor de Esquipulas, a unos 110 kilómetros al norte de Managua.
La imagen de Nuestro Señor de Esquipulas es la más concurrida de la diócesis de Matagalpa. El día de la peregrinación, miles de fieles católicos realizan una caminata de cuatro horas hacia el santuario.
Hasta antes de abril de 2018 Nicaragua era considerado uno de los países más seguros de Latinoamérica, con una tasa de homicidios que llegó a ser de 6 por cada 100.000 habitantes y una tasa de robos de 71,5 por cada 100.000 habitantes, según datos oficiales.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derecho Humanos (CIDH) han responsabilizado por la violencia al Gobierno de Nicaragua.
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