En horas de la mañana de este jueves se conoció el sensible fallecimiento del ciudadano Ildelfonzo Gil, quien se encontraba privado de libertad en los calabozos policiales del Centro de Coordinación Policial de Guaiparo, en San Félix.
El detenido padecía un cuadro de cáncer facial en etapa avanzada, condición médica grave que complicaba severamente su estancia dentro del recinto de detención preventiva y que desencadenó un deterioro progresivo de su salud hasta su deceso.
Reiteradas solicitudes de medida humanitaria desatendidas
Ante el delicado diagnóstico emitido por los médicos especialistas, quienes advirtieron formalmente sobre el pronóstico de vida limitado del paciente, la defensa técnica del caso, liderada por el abogado Edgar Maestre junto a familiares directos de la víctima, promovió diversas diligencias legales ante el Tribunal de Violencia de Género de Puerto Ordaz.
El objetivo de las peticiones era lograr el otorgamiento de un arresto domiciliario o medida humanitaria que le permitiese a Gil recibir la atención médica adecuada y el acompañamiento de sus seres queridos en sus últimos meses. Pese a los informes de salud consignados, las solicitudes fueron denegadas por el juzgado en al menos tres oportunidades.
Denuncia de irregularidad en la emisión de la resolución
La representación legal de la familia denunció un hecho alarmante en la conducción del expediente. Según expusieron los juristas, tras haber sido negada la medida en múltiples ocasiones, en las últimas horas se hizo pública una resolución con fecha del mismo día del fallecimiento de Gil, mediante la cual el tribunal finalmente acordaba el beneficio humanitario.
Para la defensa y los allegados, esta acción extemporánea constituye una anomalía que busca eludir responsabilidades por la omisión oportuna del beneficio.
Exigencia de investigación a los órganos superiores de justicia
Ante este escenario, la representación legal y los familiares de Ildelfonzo Gil solicitaron la intervención directa de la Juez Rectora del estado Bolívar, del Ministerio Público y de las autoridades competentes en la ciudad de Caracas.
La petición exige el inicio de una investigación exhaustiva e imparcial para establecer si existió responsabilidad penal, civil o administrativa por parte de los operadores de justicia que tenían bajo su tutela la causa y que omitieron dar respuesta oportuna a la condición médica del detenido.
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