«Yo justifico el golpe militar», afirmó en julio pasado el diputado chileno Jorge Alessandri respecto al derrocamiento del presidente Salvador Allende en 1973, eco de un sector de la derecha que, según los analistas, manifiesta «retrocesos» al justificar o negar la violencia de la dictadura 50 años después, y que viene crecido en un Chile polarizado que puja por hacer memoria.
Las palabras de Alessandri no son un fenómeno aislado, sino parte de un coro cada vez más presente en la discusión política del país sudamericano y que el propio presidente de la República, Gabriel Boric, ha definido como un «retroceso democrático peligroso».
«Eso nos debe invitar a reflexionar que la democracia no es algo que esté garantizado», subrayó el mandatario en una entrevista televisiva en la que repasó el camino recorrido por la oposición en los últimos 10 años respecto al golpe y sus consecuencias.
DE «CÓMPLICES PASIVOS» A «LEYENDA URBANA»
Cuando se conmemoraron 40 años del golpe cívico-militar, el entonces jefe de Estado chileno, el derechista Sebastián Piñera, apuntó de forma inédita a los «cómplices pasivos» de la dictadura: funcionarios del Poder Judicial y civiles que, estando al tanto de las violaciones a los derechos humanos, no hicieron nada.
Esa línea hoy parece ausente y hay ejemplos de ello: a finales de 2021, el congresista Johannes Kaiser afirmó que los prisioneros de Pisagua, uno de los primeros centros de detención del régimen de Augusto Pinochet (1973-1990), «bien fusilados» estaban.
Con otro tono, el actual presidente del Consejo Constitucional y militante del ultraderechista Partido Republicano (PR), Luis Silva, señaló en mayo que el dictador fue un «estatista», y hace pocas semanas una diputada cercana al PR calificó de «leyenda urbana» la violencia sexual ejercida contra las prisioneras políticas durante la dictadura.
«Hemos tenido cierto retroceso considerando que anteriormente el país daba ciertos pasos adelante en relación a reconocer las violaciones a los derechos humanos y condenarlas. Hoy hemos visto cómo el sector heredero de la dictadura ha tenido un discurso muy distinto, reivindicando el golpe, justificando, negando o minimizando las violaciones a los derechos humanos», declaró a Efe el director de Amnistía Internacional Chile, Rodrigo Bustos.
«Los sectores más cercanos al pinochetismo duro han tenido mayor visibilidad producto de sus resultados electorales, hoy es un sector que tiene mayor fuerza política», agregó.
PÉRDIDA DE TEMOR
A juicio del investigador del Instituto de Estudios de la Sociedad (IES), Rodrigo Pérez de Arce, Chile llega a esta conmemoración en un «clima político complejo» donde «no solo hay diferencias profundas respecto de la evaluación del golpe, sino que también en cómo se debiera organizar la sociedad».
Respecto a la proliferación de posiciones como la de Alessadri o Silva, Pérez de Arce aseguró a EFE que probablemente «estas posiciones siempre existieran» en el debate de la derecha, «pero los dirigentes no se atrevieron a decirlo en voz alta».
«Esa pérdida de temor por hablar ciertas cosas es parte de un fenómeno más amplio que tiene que ver con la aparición de referentes políticos disruptivos, que buscan decir lo indecible y pelean contra lo que llaman la tiranía de la corrección política», señaló.
UNA DERECHA DIVIDIDA
Para el investigador principal para América Latina del Real Instituto Elcano, Carlos Malamud, la derecha tiene un flanco abierto por sus partidarios más extremos, que hacen «gala profusamente» de su «mayor sintonía con Pinochet».
Sin embargo, reconoce que la polarización en Chile, si bien está acentuada, no es tan fuerte como en otras latitudes. «En Chile hay toda una serie de valores republicanos que, más allá de la polarización, siguen vigentes», dijo a EFE.
«Yo no dramatizaría tanto, por supuesto que la polarización existe, que la crispación existe, pero todavía en Chile encontramos formas, procedimientos e instituciones que en otras partes de América Latina no se encuentran», enfatizó.
Según una encuesta de Ipsos publicada esta semana, el 74 % de los chilenos espera que la democracia esté lo suficientemente consolidada como para que no se repita un golpe de Estado como el de 1973 durante los próximos 50 años.
Además, el sondeo arrojó que un 63 % desea que en las próximas cinco décadas se logre un acuerdo respecto a lo que ocurrió entonces, un 54 % que se supere el golpe y un 52 % que se haga justicia o se identifique a quienes cometieron delitos.
La dictadura de 17 años encabezada por Pinochet provocó la desaparición de 1.469 personas, ejecutó prisioneros políticos, torturó y apresó a opositores, además de obligar a miles a exiliarse.
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