Propietarios y trabajadores de comercios de comida rápida y venta de mercancía variada ubicados en la carrera Churum Merú, en Alta Vista de Puerto Ordaz, incurren de forma flagrante en la violación de las normativas ambientales del municipio Caroní. De manera reiterativa, estos establecimientos utilizan los alrededores de la sede del diario Nueva Prensa de Guayana como vertedero improvisado, acumulando bolsas de desechos sólidos al finalizar sus jornadas nocturnas y afectando las áreas verdes y aceras de este espacio privado.
Malestar e insalubridad al iniciar la jornada
La problemática se intensifica durante las primeras horas del día. Tras ser abandonadas en la vía pública sin ninguna protección, las bolsas plásticas suelen ser dañadas por animales o terceros, lo que provoca que los desperdicios orgánicos y empaques queden esparcidos por el lugar. A pesar de que los afectados han realizado exhortos verbales a los encargados de estos locales para evitar la contaminación del área, los comerciantes han hecho caso omiso, incrementando el descontento de los transeúntes y trabajadores de dicho medio de comunicación.
Marco legal y prohibiciones vigentes en el municipio Caroní
La conducta de estos locales contraviene de forma directa la legislación municipal. De acuerdo con las normas sobre manejo de residuos sólidos de la Alcaldía de Caroní, la basura debe permanecer dentro de cada inmueble comercial hasta un máximo de tres horas antes del paso programado del camión recolector. La ley prohíbe taxativamente la disposición de desechos en frentes, aceras o linderos pertenecientes a propiedades privadas ajenas. Asimismo, el marco legal establece que, en caso de rotura o derrame de las bolsas, la responsabilidad de recoger y sanear el sitio recae inmediatamente en el generador del residuo.
Sanciones: Multas, trabajo comunitario y cierre de locales
Ante la falta de respuesta por parte de los infractores, el caso será elevado a las instancias correspondientes para exigir que la Policía Municipal de Caroní (Patrulleros de Caroní) haga cumplir la Ordenanza de Convivencia Ciudadana. La normativa contempla sanciones económicas fijadas a la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV), jornadas obligatorias de trabajo comunitario para la limpieza de espacios públicos e incluso el cierre temporal de los establecimientos de dos a cinco días hábiles en caso de reincidencia comercial. Se reitera el llamado a los comerciantes del sector a rectificar de inmediato estas prácticas para evitar acciones legales y clausuras preventivas.
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