La salida de Nicaragua de la Organización de los Estados Americanos (OEA) se oficializó este domingo al cumplirse dos años desde que el presidente nicaragüense, Daniel Ortega, activó el proceso para abandonar el organismo por sus críticas a los comicios en los que fue reelegido.
Estados Unidos advirtió este domingo al Gobierno de Managua que su salida de la organización panamericana no le exime de su obligación de respetar los derechos humanos y amenazó con imponerle nuevas sanciones por su represión contra la población nicaragüense.
La ruptura entre Nicaragua y la OEA
El Ejecutivo sandinista presentó el 19 de noviembre de 2021 la solicitud formal para salir de la OEA, luego de que la Asamblea General del organismo descalificara las elecciones presidenciales del 7 de noviembre de ese mismo año en Nicaragua.
Ortega, en el poder desde 2007, fue reelegido en esos comicios para un quinto mandato y cuarto consecutivo, con sus principales contendientes en prisión.
La 51 Asamblea General resolvió por mayoría que las elecciones que garantizaron la permanencia de Ortega en el poder, junto a su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, «no fueron libres, justas ni transparentes» y no tenían «legitimidad democrática».
Las elecciones destacaron por la ausencia de siete potenciales candidatos a la Presidencia de la oposición que fueron encarcelados antes de las votaciones acusados de «traición a la patria».
Dos años para salir
En reacción, el Gobierno de Nicaragua anunció que ponía en marcha el procedimiento de dos años para desvincularse de la OEA, de la que fue uno de los miembros fundadores en 1948.
Es la primera vez que un país abandona formalmente la OEA. Cuba fue expulsada en 1962, mientras que la pertenencia de Venezuela sigue en disputa, dado que el presidente Nicolás Maduro inició en 2017 el proceso para salir del organismo pero la OEA dejó de reconocer a su Gobierno.
En su carta de denuncia, Managua acusó a la OEA de vulnerar su propia Carta fundacional sobre la no injerencia en los asuntos internos de los países y de estar controlado por Estados Unidos.
Desde las manifestaciones populares que estallaron en abril de 2018 contra el Gobierno de Ortega, y que dejaron al menos 355 muertos, el Consejo Permanente de la OEA aprobó 12 resoluciones sobre la situación de Nicaragua condenando la represión.
Cuatro meses después de denunciar la Carta de la OEA, el embajador de Nicaragua ante ese organismo, Arturo McFields, se rebeló contra el Gobierno de Ortega con un duro e inesperado alegato durante una sesión del organismo en Washington en el que denunció la «dictadura» de su país y exigió la liberación de los presos políticos.
Un día después Ortega destituyó oficialmente a su representante diplomático y posteriormente expropió las oficinas del organismo en Managua.
McFields considera que Ortega y Murillo están «huyendo» de la OEA porque «no están dispuestos a dar la batalla política, diplomática y jurídica».
«La salida de Nicaragua pone en evidencia algunas flaquezas graves de la OEA y es que no está capacitada para poner en cintura a las dictaduras del siglo XXI», señaló McFields en una entrevista con EFE con motivo del abandono del organismo este domingo.
Llamado a respetar los derechos humanos
Los Estados miembro de la OEA aprobaron hace dos semanas una resolución en la que reconocían que la salida de Nicaragua se consumaría este domingo 19 de noviembre.
En la misma resolución, hicieron «énfasis» en que eso «no deja sin efecto las demás obligaciones legales» del país centroamericano en materia de derechos humanos.
«Nicaragua sigue obligada a respetar todos los derechos humanos reflejados en las normas consuetudinarias; todos los derechos humanos contenidos en las convenciones multilaterales de derechos humanos de las que Nicaragua es parte», destacó la OEA.
Estados Unidos reiteró este domingo este mensaje e incluso abrió la puerta a imponer nuevas sanciones contra el Gobierno de Ortega y su entorno.
El principal encargado del Departamento de Estado para Latinoamérica, Brian Nichols, dijo que la salida de Nicaragua de la OEA no impedirá que Washington «tome medidas para proteger los derechos humanos y la democracia del pueblo nicaragüense».
Paralelamente, el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, tildó la salida de Nicaragua de la OEA como «desesperación» para evadir la justicia.
Miller subrayó que Nicaragua «sigue sujeta a sus obligaciones de derechos humanos» en virtud de los tratados internacionales, y subrayó que Estados Unidos y sus aliados revisarán «todas las herramientas disponibles» para que Ortega y Murillo rindan cuentas.
La Administración de Joe Biden ha impuesto varias sanciones económicas y restricciones de visados para funcionarios nicaragüense por la persecución de opositores políticos, activistas y miembros de la Iglesia católica.
En febrero pasado, Estados Unidos recibió a 222 presos políticos nicaragüenses que fueron desterrados por el Gobierno de Ortega. El obispo Rolando Álvarez se negó a ser expulsado de Nicaragua y sigue encarcelado.
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