Caracas.- El Proyecto de Reforma de la Ley del Sistema de Justicia establece la creación de una Comisión Especial del Consejo de Justicia, cuya función es unificar la coordinación de todas las instituciones relacionadas con la administración judicial, cuya presidencia será ejercida por un funcionario designado por el Presidente de la República, Nicolás Maduro, según informó Banca y Negocios.
El diputado Francisco Ameliach argumentó que durante la consulta pública de la ley, iniciada el 17 de junio pasado, se detectó la no aplicación del artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual establece el derecho de toda persona a acceder a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses.
Ameliach comentó que con la propuesta de ley habrá una mejor articulación entre las instituciones respecto a la atención al ciudadano que acude en demanda de un servicio público y que por alguna razón está siendo atendido o procesado.
Señaló que en la actualidad se presentan dogmas con respecto a la separación de los Poderes Públicos, o a una mala interpretación de la articulación entre todos. Subrayó que con la propuesta de ley se persigue cambiar esta realidad.
Explicó que la normativa tiene como propósito principal ser una ley orgánica y un instrumento unificador del trabajo de todas las instituciones relacionadas con la justicia, como lo son el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), la Defensoría del Pueblo, la Defensa Pública y el Gobierno Bolivariano.
La Comisión Permanente de Política Interior presentó a representantes de los Poderes Públicos un informe preliminar del Proyecto de Reforma de la Ley del Sistema de Justicia, norma que establecerá una mayor articulación entre las instituciones del Estado.
El presidente de la comisión, diputado Pedro Carreño, expresó que se trata de una reforma parcial, cuyo objetivo es alcanzar el acceso universal de todas las personas al Sistema de Justicia para asegurar el disfrute y ejercicio de los derechos humanos.
En la reunión estuvo presente el Defensor Público, Daniel Ramírez, y la magistrada del TSJ, Fanny Márquez, quienes ofrecieron sus aportes al proyecto de ley, que será entregado en los próximos días a la Directiva de la Asamblea Nacional.
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