
La Fiscalía General de la República de México solicitó este lunes 3 de agosto de 2026 una nueva orden de aprehensión contra el empresario Raúl Rocha Cantú, accionista mayoritario de Miss Universo, por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El Ministerio Público Federal formalizó la petición mediante la judicialización de una carpeta de investigación ante un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal, con sede en el Penal del Altiplano, en el Estado de México. El proceso penal alcanza igualmente a colaboradores y otros empresarios señalados de integrar el entramado de legitimación de capitales.
Esta acción legal tiene su origen en una querella interpuesta en diciembre de 2025 por la Unidad de Inteligencia Financiera ante la Fiscalía Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Falsificación y Alteración de Moneda.
Las indagaciones financieras señalan que la red de blanqueo operaba a través de un esquema compuesto por entidades corporativas fachada, transferencias bancarias en cadena y el uso de personas físicas como testaferros. En el expediente, la representación fiscal ubica al magnate como el principal operador intelectual y beneficiario controlador de los fondos.
Dentro del conjunto de elementos probatorios aportados al expediente figuran transacciones financieras atípicas, la adquisición de inmuebles con irregularidades de fondos y la inmovilización preventiva de aproximadamente 500 cuentas bancarias ligadas a los implicados.
Para llegar a este punto procesal, las autoridades acumularon investigaciones previas abiertas a finales de 2025. En aquel momento, Rocha Cantú fue imputado por presunta delincuencia organizada, contrabando de hidrocarburos —práctica conocida localmente como huachicol— y tráfico ilícito de armamento. Pese a que el acusado intentó negociar un criterio de oportunidad para actuar como testigo colaborador, la institución fiscal desestimó detener el ejercicio de la acción penal y sumó el nuevo expediente por blanqueo de activos.
Entre las evidencias financieras más destacadas por los investigadores destaca la inmovilización cautelar de casi medio millar de cuentas bancarias asociadas al entorno del inversionista mexicano.
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