Lima.- El populismo y los intereses particulares se han vuelto nuevamente la seña de identidad del Congreso de Perú surgido de las elecciones extraordinarias de enero, con votaciones que han diluido los intentos de reforma política, educativa y de lucha contra la corrupción que el Gobierno quería apuntalar.
La disolución en septiembre pasado del anterior Congreso, dominado por el fujimorismo con una mayoría aplastante que usó para obstruir al Ejecutivo, protegerse de acusaciones de corrupción y torpedear reformas estructurales del Estado peruano, no parece haber conseguido un gran resultado.
Lejos de dar tranquilidad al presidente Martín Vizcarra en su último año de mandato, el atomizado Legislativo que forman nueve fuerzas políticas muy variopintas ha impulsado medidas radicalmente opuestas al Gobierno y también ha puesto contra las cuerdas, en los pocos meses que lleva funcionando, al sistema financiero.
Primero aprobaron, pese al pedido expreso de Vizcarra, una cuestionada norma que liberó parte del dinero de los fondos privados de pensiones en plena cuarentena por la COVID-19 que amenaza con descapitalizar al principal financista de la economía del país.
También aprobaron la supresión de los peajes en las autovías concesionadas, algo muy mal visto por las grandes empresas inversoras y que está siendo analizado por el Tribunal Constitucional.
Y ahora se busca aprobar una norma para suspender las deudas crediticias privadas mientras dure la pandemia, lo que ha despertado alarmas en la banca por el riesgo que eso supone para el dinero de sus ahorristas.
PULSO A LA REFORMA UNIVERSITARIA
Otro caballo de batalla del nuevo Congreso han sido torpedear la reforma universitaria desde los escaños que ocupan varios partidos políticos muy vinculados a universidades bajo la lupa por sus bajos estándares de calidad, entre cuyos congresistas están los mismos dueños de esas casas de estudios.
Primero intentaron crear un organismo que estuviera por encima de la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria (Sunedu), encargado de revisar la calidad educativa y emitir las licencias de funcionamiento, para que este pudiera revertir sus decisiones.
Tras fracasar en ese intento, el Congreso aprobó abrir una comisión de investigación hacia la Sunedu y sus criterios para denegar licencias de funcionamiento a las universidades.
SE AFERRAN A INMUNIDAD PARLAMENTARIA
Dificultado para reunirse de manera presencial por el confinamiento, que comenzó justo cuando debía constituirse el pleno, el nuevo Congreso ha terminado por revelar su cara el pasado viernes durante una sesión plenaria por videoconferencia que se alargó hasta las 7 de la mañana del sábado.
Con nocturnidad, el pleno rechazó la propuesta del levantamiento de la inmunidad parlamentaria, que era parte central de la reforma política impulsada por el Gobierno, y la dejó en manos de un referéndum. En los últimos años, varios parlamentarios han aprovechado su condición de aforados para evitar ir a prisión.
Por otro lado, dejaron pendiente el debatir los delitos, como los de corrupción, que deberían impedir la participación en las elecciones generales de 2021. Al no haberlo aprobado, no hay margen legal para que cualquier iniciativa que se termine votando pueda aplicarse en esa fecha.
¿VALIÓ LA PENA CAMBIAR EL CONGRESO?
Con estas decisiones ha surgido entre los peruanos la pregunta de si mereció la pena el cambio del parlamento. La gran mayoría de la población aprobó la drástica decisión del presidente Martín Vizcarra de cerrar constitucionalmente el anterior Congreso tras más de tres años de fuerte obstruccionismo hacia el Ejecutivo.
Para el analista político Fernando Tuesta, el hecho de que este Congreso sea «mediocre» no hace mejor al anterior, que dominado por el fujimorismo ejerció una política de acoso y derribo hacia el Gobierno, con constantes mociones de censura a los miembros del Ejecutivo o incluso votaciones para intentar destituir al mismo presidente.
En declaraciones a Efe, Tuesta recordó que el amplio apoyo popular que tuvo Vizcarra para disolver aquel Congreso era porque lo que en realidad pretendía la gente era su cierre definitivo. «La gente estaba interesada en disolverlo, no en crear uno nuevo», apuntó.
Eso se vio plasmado en la desafección de la jornada electoral del 26 de enero, donde la participación fue del 74 %, baja si se tiene en cuenta que en Perú el voto es obligatorio.
Nadie canalizó el desencanto del electorado con la clase política y el resultado fue un fragmentado hemiciclo donde el partido más votado, el centrista Acción Popular, tuvo el 11 % de los votos.
Además irrumpieron fuerzas marginales como el etnocacerismo, un movimiento ultranacionalista liderado por el encarcelado Antauro Humala, hermano del expresidente Ollanta Humala; y el religioso y mesiánico Frente Popular Agrícola del Perú (Frepap).
PASOS DESALENTADORES
«Este Congreso no lo está haciendo bien porque tenía un mandato: revisar los decretos de urgencia emitidos por el Gobierno durante el periodo donde no funcionó el anterior Congreso, ver el tema de elección de los miembros del Tribunal Constitucional y, sobre todo, completar la reforma política», repasó Tuesta.
«De lo primero, poco; de lo segundo, realmente desalentador porque no se avizora de momento nada bueno; y en lo tercero desaprobado por ahora, porque por momentos es incluso contrarreforma», añadió.
Tuesta, exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), auguró que «este Congreso va a pasar al olvido» porque «es disperso y fraccionado, y sus componentes son gente sin experiencia, con poca formación y además llevan intereses particulares que lo fraccionan aún más».
Aunque su atomización le complica más que al anterior censurar ministros, ya ha citado para interpelar con pliego de preguntas a ministros como el de Salud, Víctor Zamora; y el de Educación, Martín Benavides. «Estas interpelaciones, algunas descabelladas, son parte de lo que está dejando este Congreso», explicó Tuesta.
CONFRONTACIÓN EN PLENA PANDEMIA
Esto ha suscitado un llamado al sosiego por parte de Vizcarra al producirse esta confrontación política en mitad de una emergencia nacional que tiene a Perú como el quinto país del mundo y el segundo de Latinoamérica con más casos acumulados de COVID-19, al sumar unos 300.000 contagios y más de 10.000 fallecidos.
De nuevo se ha hecho patente la ausencia de un partido oficialista en el Congreso que defienda las propuestas del Gobierno en la cámara, lo que dificulta que salgan adelante los cambios propuestos desde el Ejecutivo sobre la reforma política y electoral.
Para Tuesta, las elecciones parlamentarias del 26 de enero fueron «sin duda una gran oportunidad desaprovechada» para completar esas reformas, «y nada nos permite esperar que las cosas van a cambiar», aventuró.
Al actual Congreso le resta apenas un año de funcionamiento, pues en 2021 deberán celebrarse las elecciones para elegir a un nuevo presidente y un nuevo Congreso, donde no podrán ser reelegidos los actuales parlamentarios.
Fernando Gimeno EFE
¡Síguenos en nuestras redes sociales y descargar la app!
