El obispo metropolitano y de los derechos humanos para Venezuela de la Iglesia Anglicana Latinoamericana de la Arquidiócesis de Venezuela del Espíritu Santo, Monseñor Jylman Red Jurado, emitió un pronunciamiento público tras la reciente decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de eliminar la competencia antiterrorista en cuatro tribunales de control de Caracas.
Jurado, quien sufrió cinco años de cautiverio, torturas y detención arbitraria bajo la etiqueta de terrorismo de Estado, afirmó que la resolución constituye un reconocimiento implícito del fracaso del sistema centralizado de persecución contra la disidencia.
No obstante, calificó la medida como una reforma a medias y un «simple maquillaje procedimental», ya que al mantener las medidas restrictivas y trasladar los expedientes a nuevos juzgados, el Estado venezolano únicamente está «mudando la injusticia de ventanilla» sin sanear procesos viciados desde su origen.
Las exigencias para la restitución del Estado de derecho
En su condición de líder pastoral y activista por la dignidad humana, Mons. Red Jurado enfatizó que la construcción de un verdadero Estado de derecho exige anular los juicios políticos en lugar de redistribuir causas arbitrarias. Ante esta realidad, formuló cuatro peticiones fundamentales:
Eliminar de inmediato la Competencia Especializada de Juicio: Suprimir el esquema centralizado en Caracas que somete a los procesados y a sus familias a un continuo desgaste físico, económico y psicológico mediante traslados costosos y diferimientos sistemáticos de audiencias.
Suprimir las Cortes de Apelaciones Especializadas en Terrorismo: Erradicar estas instancias calificadas como «embudos de impunidad», cuya función ha sido validar condenas sin sustento jurídico y cercenar el derecho a la defensa y al debido proceso.
Otorgar libertad plena y anular las causas: Garantizar que la reestructuración no archive expedientes, sino que concrete el cierre definitivo de todos los procesos penales motivados por razones políticas, recordando que disentir y defender los derechos humanos no constituye terrorismo.
Reparación e indemnización a las víctimas: Establecer mecanismos de resarcimiento para todos los presos políticos que han sufrido torturas y criminalización en el país.
Hacia la erradicación definitiva del terrorismo de Estado
El prelado remarcó que un cambio de nombre o de sede judicial no borra el impacto de la tortura ni devuelve los años arrebatados a las víctimas. Para garantizar el acceso a jueces naturales e imparciales, la competencia especial en materia de terrorismo debe ser erradicada en sus tres fases: control, juicio y apelación.
Monseñor Jylman Red Jurado concluyó advirtiendo que la institución religiosa no mantendrá silencio frente a reformas cosméticas y mantendrá su labor de denuncia hasta lograr la liberación de todos los inocentes y el cese del uso del sistema de justicia como instrumento de persecución.
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