La ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció este viernes que el Estado no ofrece una «debida alimentación» a los presos que se encuentran en una cárcel ubicada en el estado Carabobo (norte), entre los que se incluyen adolescentes detenidos tras las protestas contra el resultado oficial de las presidenciales del 28 de julio.
«Cuando los familiares logran ver a sus seres queridos no los reconocen por la situación en que están, los ven desnutridos y pálidos. La atención que brinda el Estado a los privados de libertad debe ser integral, con derecho a la alimentación adecuada, salud, estudios, cultura y esparcimiento», indicó el director del OVP, Humberto Prado, citado en una nota de prensa.
Asimismo, dijo que la alimentación de los detenidos debe ser balanceada y contener un mínimo de 3.000 calorías, entre vitaminas, proteínas, carbohidratos y grasas.
El OVP sostuvo que ha recibido denuncias de los familiares que relatan que los detenidos comen «una arepa seca y delgada, almuerzan pasta con carne o arroz con carne y cenan granos», además, de que solo toman «agua dos veces a día».
Asimismo, dijo que han documentado reportes de presos con «dolores estomacales, evacuaciones constantes».
Situación similar, prosiguió el OVP, se ha registrado en una cárcel del estado Aragua (norte), donde también fueron trasladados adolescentes tras la crisis postelectoral.
Tribunal Supremo de Justicia
El jueves, familiares y allegados de detenidos en el contexto de protestas postelectorales en Venezuela solicitaron al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), mediante un recurso de amparo, la revisión de las medidas cautelares de los presos, a quienes se les imputan varios delitos como terrorismo e incitación al odio.
Los familiares, acompañados por el excandidato presidencial opositor Enrique Márquez, también pidieron al Supremo el respeto al debido proceso para los arrestados.
Tras las protestas poselectorales, las autoridades registraron más de 2.400 detenidos, a quienes la Fiscalía señala de generar «violencia» y «vandalismo», mientras que la mayor coalición opositora, Plataforma Unitaria Democrática (PUD), acusa de «represión» a los agentes de seguridad del Estado en las manifestaciones.
La ONG Foro Penal contabiliza en Venezuela 1.905 detenidos considerados como «presos políticos», 1.767 de ellos apresados tras las presidenciales.
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