El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, habla durante una rueda de prensa en una visita para verificar la situación en el país tras las protestas de mayo y junio que mantuvieron cercadas a algunas ciudades, este miércoles, en La Paz (Bolivia). EFE/ Gabriel Márquez

Opositores nicaragüenses en el exilio celebraron este viernes la resolución aprobada por unanimidad en la Organización de los Estados Americanos (OEA), durante una reunión extraordinaria de cancilleres en Washington. El documento exige al régimen nicaragüense la realización de elecciones libres, justas e inclusivas, en respuesta directa a la reciente declaración del presidente Daniel Ortega sobre la cancelación definitiva de procesos electorales en el país.

Una advertencia política internacional

El excarcelado político nicaragüense y desnacionalizado Juan Sebastián Chamorro calificó el pronunciamiento como un paso trascendental para la causa democrática.

«Hoy ha sido un día sumamente importante para la democracia en Nicaragua y para la oposición, porque se pone de manifiesto que la comunidad internacional y sus países miembros no tolerarán expresiones como las expuestas por Ortega de que no van a haber ya más elecciones, y que esa postura acarrea consecuencias políticas», expresó Chamorro mediante un mensaje difundido a los medios.

Para el dirigente, el texto representa un emplazamiento directo a los dictadores sobre el escaso margen que les queda para emprender correctivos antes de que se adopten medidas de mayor severidad.

Las exigencias del organismo multilateral

La resolución —impulsada por las delegaciones de Estados Unidos, Argentina, Colombia, Paraguay, Perú y República Dominicana— exige a las autoridades nicaragüenses la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos, el restablecimiento de la separación de poderes, la divulgación del paradero de las personas desaparecidas y la restitución de la nacionalidad a los opositores despojados de ella.

Aunque el consenso no incluyó la imposición inmediata de sanciones económicas o diplomáticas específicas contra el Gobierno de Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, el mecanismo establece la creación de un grupo ministerial de seguimiento que abrirá vías de diálogo y presentará un informe con recomendaciones en un plazo de noventa días.

Posible antesala a sanciones directas

Chamorro consideró poco probable que la administración de Ortega atienda las solicitudes del organismo panamericano; sin embargo, advirtió que la negativa ubicará el conflicto en un plano de mayor confrontación. «Al no hacerlo, se pondrá a la comunidad internacional y al régimen en una nueva etapa de acciones concretas y directas contra ellos, principalmente en el ámbito económico», anticipó.

La intervención del foro regional se produce tras la declaración formulada por Ortega el pasado 19 de julio, cuando anunció la suspensión de comicios, seguida de una reforma constitucional orientada a inhabilitar políticamente a ciudadanos catalogados como «traidores a la patria». La sesión extraordinaria en Washington no contó con representación de Nicaragua, dado que el país formalizó su retiro definitivo de la OEA en 2023 por orden del ejecutivo sandinista.

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