El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, instó este martes a las autoridades venezolanas a garantizar la transparencia en el proceso de elección del próximo fiscal general y del defensor del pueblo, cargos que han estado rodeados de denuncias por falta de imparcialidad.
«Las autoridades venezolanas deben asegurar que los procesos de designación del fiscal general y del defensor del pueblo cumplan con estándares mínimos de transparencia, mérito y participación ciudadana», declaró Ramdin en un mensaje publicado en X.
El proceso para designar a las nuevas autoridades se inició después de que Tarek William Saab y Alfredo Ruiz, ambos allegados al chavismo, dimitieran a sus cargos de fiscal general y defensor del pueblo el pasado febrero. El secretario de la OEA consideró que la elección de titulares que ofrezcan «garantías de independencia» puede ser un paso hacia la reconciliación nacional y una futura transición democrática, en un escenario posterior a la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero.
Defensor del pueblo
El Parlamento de Venezuela informó el pasado viernes la recepción de 21 nuevas postulaciones, 18 para el cargo de defensor del pueblo y 3 para el de fiscal general. Entre los nuevos candidatos destaca el periodista Vladimir Villegas, hermano del exministro de Cultura Ernesto Villegas, quien inicialmente también se inscribió para el mismo cargo, pero finalmente se retiró. También figura en la lista de aspirantes a la Defensoría la exdiputada opositora Marialbert Barrios. En total, hay 78 postulaciones para defensor del pueblo y 76 para fiscal general.
Desde que se abrieron las postulaciones, más de una decena de organizaciones no gubernamentales ha denunciado la «ausencia de reglas claras y públicas» sobre el procedimiento y los criterios de evaluación para la selección de las autoridades, y advierten que la falta de transparencia puede favorecer decisiones de corte político.
Además, dos relatoras de la ONU para derechos humanos han instado al Gobierno venezolano a garantizar que el nuevo fiscal general y el nuevo defensor del pueblo lleguen a esos cargos en función de su mérica, independencia y reputación, en lugar de por su alineamiento con el poder político.
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