Un grupo de 15 ONG venezolanas advirtió este lunes que la Ley Orgánica de Minas, en segunda discusión en la Asamblea Nacional (AN) chavista, profundizaría el daño ambiental en la Amazonía por «grandes vacíos» en regulación y gobernanza.
«Aunque menciona estudios de impacto ambiental, no los hace obligatorios para concesiones; las exclusiones territoriales dependen de planes de ordenamiento inexistentes o desactualizados», señalan en un comunicado publicado en la web de Provea. La norma enfoca responsabilidad post-daño, sin prevención, garantías financieras de restauración, control de residuos, monitoreo independiente, acceso público a información ni auditorías externas.
Las organizaciones rechazan la omisión del consentimiento libre, previo e informado (CLPI) de pueblos indígenas —estándar internacional— y la falta de demarcación territorial. También critican la militarización de zonas mineras, asociada históricamente a violaciones de derechos humanos, corrupción y «gobernanzas híbridas».
Exhortan incluir transparencia total en procesos administrativos, estudios de impacto ambiental/socultual obligatorios (por Constitución) y sistemas robustos de control ambiental. El jueves, la AN aplazó la segunda discusión tras leer 12 de 130 artículos, por sugerencia del diputado Orlando Camacho (PSUV), para consultar más actores; la norma busca atraer inversión privada/extranjera, incluido interés de EE. UU. en el oro venezolano.
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