Organizaciones no gubernamentales rechazaron la medida anunciada este jueves por el Gobierno de Venezuela de suspender las actividades de la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos en Caracas, y consideran que la decisión deja en estado de «total vulnerabilidad e indefensión» a las víctimas de violaciones de garantías fundamentales.
Luego de que el canciller Yván Gil leyera el comunicado en el que, además, se ordenó la expulsión de 13 funcionarios del Alto Comisionado de DD.HH. que operan en Caracas desde 2019, la ONG Fundaredes expresó su rechazo a esta medida que, cree, «eleva el riesgo de cierre de los espacios cívicos, la persecución y hostigamiento a las organizaciones de la sociedad civil», como indicó en X.
Para la organización Encuentro Justicia y Perdón (EJP), la suspensión de las labores de la oficina de ONU en Caracas «aumenta la desprotección de las víctimas» de violaciones de derechos humanos.
Por su parte, Provea aseguró que la decisión «intenta impedir el escrutinio de los órganos internacionales de protección ante las graves violaciones de DD.HH. que se cometen a diario en el país».
La ONG recordó que la oficina del Alto Comisionado de DD.HH. solicitó al Gobierno en 2019 «garantías de respeto al derecho a la vida» ante los operativos de las Fuerzas de Acción Especial de la policía nacional (FAES), acusadas de ejecuciones extrajudiciales, una unidad disuelta tras la solicitud.
Además, recientemente, pidió respeto a los derechos humanos de la activista Rocío San Miguel, detenida el pasado viernes por, supuestamente, formar parte de una trama conspirativa para asesinar al presidente Nicolás Maduro y otros altos funcionarios.
Los pronunciamientos en rechazo a la detención de la activista, presidenta de la ONG Control Ciudadano, han sido catalogados por la Fiscalía como una «feroz campaña» internacional contra el sistema de Justicia venezolano.
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