El hacinamiento en los calabozos policiales de Venezuela en 2022 fue de 334,55 %, lo que ha empeorado las condiciones sanitarias de las personas recluidas en estos centros de detención preventiva, informó este jueves la ONG Una Ventana a la Libertad (UVL) en la presentación de su informe anual.
«El problema de (estar) más de 48 horas en un centro de detención preventiva, ese es un problema muy grave porque es la violación absoluta al debido proceso y el debido proceso es un derecho humano», señaló la coordinadora de investigación de la ONG, Magally Huggins, durante una rueda de prensa, en Caracas.
Asimismo, dijo que hay presos que pasan hasta tres años en un centro de detención preventiva, lo que agrava las condiciones sanitarias de los reclusos en general porque deben convivir, en un mismo lugar cerrado, con algunos reos que sufren enfermedades contagiosas.
La ONG estudió 335 calabozos policiales en el primer semestre de 2022, en el que determinaron que la población penal era de 16.778 personas.
Para el segundo semestre, de acuerdo al informe, la muestra de centros bajó a 284 y la cantidad de reclusos fue de 16.837.
UVL indicó que, a pesar de las acciones de «descongestionamiento» que ha llevado a cabo el Ejecutivo, a través de la Comisión Especial para la Reforma del Poder Judicial, aprobado por el presidente Nicolás Maduro en 2021, no se redujo el hacinamiento en los calabozos policiales.
«Sin una política pública organizada que incluya todo el sistema y sus diferentes prácticas y deberes, en particular el fin del retardo procesal, el cual es una violación de los derechos humanos de las personas detenidas, no pueden alcanzarse logros efectivos y permanentes», señaló el informe.
De acuerdo a datos de la organización, en 2022, gracias a planes especiales del sistema de justicia y del Ministerio de Servicios Penitenciarios, se logró la liberación de 978 personas que estaban recluidas en calabozos, mientras que otras 890 fueron trasladadas a cárceles.
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