La Fundación Arcadia, con sede en Washington DC, anunció este domingo que ha presentado ante la Corte Penal Internacional (CPI) una solicitud formal de recusación contra el fiscal jefe, Karim Khan, en un caso contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro.
La petición argumenta un conflicto de interés que «compromete la imparcialidad del fiscal y pone en riesgo la integridad del proceso judicial», con implicaciones para la credibilidad de la CPI.
El conflicto de intereses procedería, según la solicitud, de la relación familiar entre Khan y Venkateswari Alagendra, abogada defensora de Maduro en este caso.
El supuesto vínculo, según la Fundación Arcadia, ha generado «preocupaciones sobre la imparcialidad requerida en las funciones del fiscal», como así lo estipula el Estatuto de Roma, documento rector de la Corte Penal Internacional.
La ONG pide la recusación inmediata de Khan y su apartamiento de todas las actuaciones relacionadas con el caso Venezuela I, y solicita el nombramiento de un fiscal independiente para asegurar que la investigación y el enjuiciamiento continúen «sin sesgos o apariencia de conflicto de intereses».
Solicita también la investigación sobre violaciones éticas de la CPI para determinar si la no divulgación del conflicto de intereses por el fiscal constituye una violación de sus obligaciones éticas y del Código de Conducta de la CPI.
Y propone una declaración pública del Tribunal que aborde «el conflicto de intereses» y describa las medidas adoptadas para «preservar la integridad del proceso con el fin de restaurar la confianza pública en su imparcialidad».
Maduro ante la CPI
The Washington Post había publicado el viernes que Venkateswari Alagendra, que se ha unido al equipo que defiende a Maduro ante la CPI, es cuñada de Khan.
Arcadia, una organización promotora y defensora de los derechos humanos, según se define, señala que «la relación familiar entre el fiscal y Alagendra impacta la independencia e imparcialidad requeridas por la CPI», especialmente por ser este un caso que «involucra a Nicolás Maduro como perpetrador de crímenes de lesa humanidad».
La organización sostiene que el fiscal «debió apartarse del caso ‘motu proprio’ por convicción ética»: «La mera apariencia de parcialidad es suficiente para socavar la confianza del público, las víctimas y la comunidad internacional» en la CPI, asevera.
La solicitud formal de recusación contra Karim Khan está firmada por Robert Carmona-Borjas, cofundador de la organización, y José Vicente Carrasquero, su director de Estrategias de Resolución de Conflictos.
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