La ONG Provea advirtió este viernes que el país deriva hacia «una atípica tecnocracia autoritaria». Según la organización, las autoridades —bajo la tutela de Estados Unidos— priorizan los intereses del capital transnacional mientras ignoran los derechos ciudadanos.
A través de X, la organización señaló que, aunque asoman nuevos acuerdos energéticos, trabajadores activos y jubilados protestan en las calles para exigir salarios y pensiones dignas, congelados desde 2022.
Asimismo, Provea denunció que cientos de personas continúan encarceladas por motivos políticos, a pesar de los anuncios de reconciliación de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Rodríguez afirmó el lunes que el Ejecutivo ha liberado a 1046 venezolanos desde enero, cuando iniciaron las excarcelaciones tras la captura de Nicolás Maduro por parte de EE. UU.
La ONG enfatizó que el entramado jurídico que criminalizó y judicializó a miles de venezolanos sigue intacto, y que el sistema judicial opera como un instrumento para perseguir a la disidencia política y social.
Además, alertó que se ejecutan nuevos proyectos extractivos sin los debidos estudios de impacto ambiental, lo que intensifica los conflictos socioambientales y perjudica directamente a las comunidades indígenas.
«Insistimos en que resolver la crisis exige tomar medidas concretas para superar la emergencia económica, priorizando las conquistas sociales, la protección ambiental frente al cambio climático, la democracia y la justicia social», afirmó la organización.
Provea también denunció que miles de ciudadanos sufren fallas eléctricas recurrentes y cortes en el suministro de agua, una situación especialmente crítica en estados fronterizos como Zulia.
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