En Venezuela se registraron 60 ataques e incidentes de seguridad contra defensores de derechos humanos en agosto, 40 más que los contabilizados en el mes de julio, informó la ONG Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ).
«Los 60 ataques e incidentes de seguridad documentados durante el mes de agosto reflejan la sistematicidad de los patrones de agresión que conforman la política de criminalización», denunció la oenegé en su más reciente boletín.
Del total de casos, 31 fueron de estigmatización, 17 de intimidación y hostigamiento, seis de judicializaciones, cuatro amenazas y dos ataques digitales.
El CDJ manifestó su preocupación por el aumento de los ataques, y aseguró que estos tienen como fin «intimidar y neutralizar a la sociedad civil, a la par que avanzan las restricciones en el espacio cívico».
Detalló que el 62 % de los casos registrados fueron ejecutados contra personas defensoras de derechos, mientras que el 38 % restante estuvo dirigido a organizaciones.
Los principales victimarios, prosiguió, fueron funcionarios públicos (37 %), instituciones públicas (33 %), actores afines al Gobierno o asociados a las estructuras «del Sistema Popular de Protección para la Paz» (20 %), organismos de seguridad del Estado (7 %) y medios tradicionales y digitales del Estado y sus cuentas en redes sociales (3 %).
El centro alertó de que, durante el mes de agosto, «incrementaron las formas de vigilancia y seguimiento por parte de actores estatales y no estatales a personas defensoras y organizaciones», lo que, a su juicio, «tiene un efecto disuasorio e inhibidor» en las víctimas que sienten temor de seguir con su trabajo.
En el primer semestre de este año, el CDJ registró 309 incidentes de seguridad, lo que representa un incremento del 44 % en comparación con el mismo período de 2022, según sus datos.
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